OPINIÓN
Las organizaciones que forman parte de la Coordinadora 8 de Marzo en
Guatemala manifestaron este Día Internacional de la Mujer su rechazo
total a todas las prácticas antidemocráticas como el clientelismo, la
componenda, el transfuguismo y la corrupción que realizan de manera
cotidiana los políticos que dirigen el país centroamericano.
María Dolores Marroquín, vocera de la Coordinadora 8 de Marzo, declaró
contundente: “Es urgente refrescar el sistema político a fin de
favorecer la participación política de las mujeres y de los pueblos
indígenas”.
Tras reconocer que la clase política predominante en el Organismo
Legislativo descarta ampliar la gestión de lo público, Marroquín expresó
su falta de expectativas para que se apruebe la modificación al
artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Político en estos
momentos: “Lo más irónico es que un 8 de Marzo los diputados votarán
contra la paridad”.
Los diputados que llegaron al Congreso este enero rechazan remozar la
actuación legislativa, señaló la investigadora feminista Sonia Escobedo,
quien explicó que hace 22 años el movimiento de mujeres en este país
realizó el primer intento para aprobar las cuotas en cargos de elección
popular para reducir la subrepresentación femenina.
Esta demanda cada cuatro años que hay elecciones se ha refrendado, misma
que en la actualidad la concretan mediante la inclusión de los
conceptos de paridad y alternabilidad como medidas definitivas y no
temporales, como eran las cuotas.
En la actualidad existen retrocesos en la promoción y desarrollo
integral de las mujeres, tampoco hay avances en las iniciativas
presentadas para la equidad de oportunidades, ya que el nuevo presidente
de la República, Jimmy Morales, carece de planes e iniciativas al
respecto.
La gestión patriarcal, racista y capitalista en el Legislativo y el
Ejecutivo descalifica otras iniciativas del movimiento feminista y de
mujeres, entre ellas, la enmienda a la Ley de Juventud, a fin de incluir
la educación integral en sexualidad, para prevenir embarazos en niñas y
adolescentes; a la Ley Electoral, para el reconocimiento del voto nulo,
la no reelección, la fiscalización de los partidos y otras; así como
para el fortalecimiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer
(Seprem), de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), y de la
Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia contra las
Mujeres (Conaprevi), por mencionar algunas.
En enero de 2014, la Corte de Constitucionalidad (máximo órgano
jurisdiccional de Guatemala) emitió un dictamen en el que señala que la
paridad y la alternabilidad son componentes sustanciales de un sistema
político realmente democrático, y no como una mera formalidad.
Según datos del Tribunal Supremo Electoral, en 2011 fueron electas 19
mujeres y 139 hombres, y de ese total (158), 16 fueron diputados
indígenas y tres diputadas indígenas.
En la actual legislación, que inició en enero pasado, se reconoce la
elección de 23 diputadas (14 por ciento del total), aunque existen
varios procesos pendientes de resolución, lo que impide confirmar el
número exacto de congresistas que pertenezcan a pueblos indígenas.
Sonia Escobedo detalló que la propuesta de paridad y alternabilidad
tiene como propósito superar la exclusión de las mujeres y de los
pueblos indígenas, aunque reconoció que lo más probable es que la
mayoría de diputados no la acepte.
Los diputados convencidos son pocos: cuatro de izquierda y
aproximadamente 40 de centro derecha, quienes junto con las diputadas de
todas las bancadas, son insuficientes para lograr mayoría.
Cabe señalar que en recientes declaraciones, diputados de los partidos
TODOS y UNE expresaron su apoyo a las cuotas de 70 - 30, lo que
definitivamente es un retroceso.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
Especial
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.-
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