Derivado de la
revisión de los recursos que opera la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se
detectaron irregularidades en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios
de los Programas, entre las que destaca la transferencia de apoyos a 470
personas fallecidas.
La dependencia, entonces a cargo de José
Eduardo Calzada Rovirosa, además, no ocupó el módulo del Padrón de
Solicitantes y Beneficiarios en 44 de los 71 programas para consultar si
los beneficiados se encuentran en las listas correspondientes; lo que
significa el desaprovechamiento de una herramienta tecnológica en más
del 61.9 por ciento. El módulo de tecnología significó un gasto superior
a los 2 millones 300 mil pesos.
El Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, presentado
este miércoles por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica
que tan sólo en el Programa de incentivos para productores de Maíz y
Frijol (Pimaf), correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, se
destinaron recursos públicos a 434 y 36 cada año a personas fallecidas.
La base de datos de la Sagarpa fue
comparada con la de personas fallecidas proporcionada por la Dirección
General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de
la Secretaría de Gobernación (Renapo).
Otra de las observaciones hechas por el
máximo órgano de fiscalización del país es que del el 68.9 por ciento de
los beneficiarios del Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas (46 mil 242 de 67 mil 141) no se encuentran registrados en
el padrón.
Lo mismo ocurre con el 20.1 por ciento
(3 mil 879 de 19 mil 346) de las personas que obtuvieron recursos
públicos del programa Proyectos Productivos, quienes tampoco se
localizaron en las listas de los beneficiados por la Sagarpa.
La ASF observa que “aun cuando la
secretaría ha invertido muchos recursos y esfuerzos para contar con una
herramienta tecnológica que permita integrar los beneficiarios de los
programas y componentes a su cargo”, no se hizo uso de ella en más del
50 por ciento de los programas, aunque el módulo fue desarrollado,
precisamente, para evitar pagos duplicados, a personas fallecidas o
inexistentes; así como pagos indebidos a población no objetivo. El
módulo tuvo un costo de 2 millones 384 mil pesos y fue desarrollado por
la empresa Tecnología Aplicada a Negocios, SA de CV.
Érika Ramírez
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