Islas Marías
Fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1905
Por su ubicación, el penal de Islas Marías era ideal para evitar fugas
Requiere un presupuesto anual de 727 millones de pesos
Localizadas a 112 kilómetros de la costa nayarita, las
Islas Marías fueron concebidas como un espacio penitenciario perfecto
para confinar a los delincuentes más peligrosos de la primera parte del
siglo XX. Su ubicación era estupenda para evitar fugas, no sólo por la
gran distancia que las separa del litoral, sino por las fuertes
corrientes marinas y porque las rodea un mar infestado de tiburones.
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La prisión del archipiélago representa para el gobierno
un gasto anual de 727 millones de pesos. En 2005,
la colonia penal celebró 100 años de vida.
Foto José Antonio López
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A punto de cumplir 114 años de operación, el presidente Andrés Manuel
López Obrador firmó el lunes 18 de febrero un decreto para cerrarlas
como lugar para la reclusión y convertirlas en el Centro Natural y
Cultural Muros de Agua-José Revueltas. La decisión se tomó sobre todo
por motivos económicos, pues la prisión representa un oneroso gasto
anual de 727 millones de pesos.
El centro penal se inauguró en mayo de 1905, durante el régimen de
Porfirio Díaz, cuyos últimos años en el poder se caracterizaron por una
intensa represión y persecusión contra los disidentes. En el porfiriato,
en 1910, también se creó el Manicomio General La Castañeda. En ambos
espacios se documentaron innumerables abusos, castigos, maltratos y
torturas.
Las islas fueron descubiertas en los primeros años de la Colonia. Su
posesión fue disputada por Hernán Cortés y Nuño de Guzmán; pero
realmente fueron aprovechadas hasta el siglo XIX. Tuvieron varios
propietarios, hasta que en enero de 1905 Gila Azcona, viuda de Manuel
Carpena –el último dueño– las vendió al gobierno de Porfirio Díaz por
150 mil pesos. Cuatro meses después, el presidente firmó un decreto para
convertirlas en una colonia penal federal, la primera y única que operó
en México.
Patrimonio Natural de la Humanidad
El archipiélago fue declarado Área Natural Protegida, con
el carácter de reserva de la biosfera, en 2000; y cinco años más tarde,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura lo clasificó como Patrimonio Natural de la Humanidad, por su
diversidad ecológica.
En más de un siglo de historia, el penal fue señalado por los abusos y
torturas contra los reclusos. Fue en los años 40 y 50 del siglo pasado
cuando comenzaron a llegar las primeras familias a vivir junto a los
sentenciados, lo que le daba un giro distinto respecto del resto de las
cárceles del país, pues las condiciones de internamiento se asemejaban a
la vida en libertad.
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Interno con mandíbula y aletas de tiburón.
Del archipiélago, los presos salían preparados
para trabajar al obtener su libertad.
Foto José Antonio López
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Por sus muros de agua, como los llamó el escritor duranguense José
Revueltas, recluido en dos ocasiones en las islas entre 1932 y 1935 por
motivos políticos (mismos por los que posteriormente se le internaría en
Lecumberri), también pasaron María Concepción Acevedo, La Madre Conchita, autora intelectual del homicidio del presidente Álvaro Obregón, así como Juan Manuel Martínez Macías, El Padre Trampitas, sacerdote voluntario que estuvo ahí por 37 años y que se hizo amigo de los reos más peligrosos. Entre otros.
En 1970, el entonces presidente Luis Echeverría visitó el centro
carcelario y recibió decenas de denuncias de los maltratos. Ordenó
transformarlo en un modelo de readaptación social. Sin embargo, los
abusos siguieron.
De acuerdo con los registros, en 1989 uno de los internos logró
fugarse. Se trata de Carlos Miralrio Mujica, acusado del homicidio de
dos personas. Al escapar se le dio por muerto, hasta que fue recapturado
en Ciudad de México, luego de participar en un robo de arte sacro.
En 2010, Felipe Calderón decidió convertir el espacio en un complejo
penitenciario de alta seguridad, y fueron enviados ahí peligrosos
criminales, a quienes se les recluyó en las primeras prisiones con
barrotes en la zona conocida como Laguna del Toro. La población
carcelaria se elevó a más de 8 mil internos.
En febrero de 2013, cerca de 600 reos se amotinaron para demandar mejor calidad en los alimentos y servicio de atención médica.
El lunes, el presidente López Obrador anunció su cierre definitivo.
De los 656 presos en la isla, 200 cumplen ya con los requisitos de ley
para recuperar su libertad, y el resto será trasladado a diferentes
centros penales.
Emir Olivares y Dennis A. García
Periódico La Jornada
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