COLUMNA
Por: Argentina Casanova*
Allá
por 2015 un grupo de organizaciones de la sociedad civil, colectivos,
asociaciones y grupos feministas, organizaron en el seno de una reunión
de Indesol, en el Estado de México, una protesta contra el feminicidio;
la respuesta institucional fue reprimirlas lo más que se pudo
revisándoles bolsas y tratando de impedir que se exhibieran carteles de
protesta pero esto no sirvió pues el reclamo se realizó. Extrañamente
las poquísimas organizaciones que recibían fondos por su valioso trabajo
nunca más volvieron a recibirlo.
De hecho, pocas, poquísimas organizaciones feministas fueron
beneficiadas y al contrario, se implementó aquel discurso que amenazaba
que las que participaran en acciones de aborto no recibirían recursos de
Indesol ¿o ya se les olvidó? Lo cierto es que sí, hubo un uso “extraño”
-por llamarlo de alguna forma- de los recursos que se destinaban a la
sociedad civil e incluso nacieron organizaciones que pudieran recibir
los fondos que se dejaban de dar a las asociaciones que realmente
estaban trabajando en comunidad pero eran feministas, eran críticas y en
consecuencia “incómodas”.
Incluso se crearon asociaciones para que las instancias de las
mujeres pudieran controlar los fondos destinados a los refugios, y
utilizaban este “control” en forma discrecional que es conocida mucho
mejor por el personal que trabaja en los propios refugios muchas veces
resolviendo situaciones extraordinarias por vocación.
Si algo se podría pedir o decir al Presidente es reconocer que la
sociedad civil que trabaja es y ha sido la menos favorecida por fondos
públicos, y por el contrario, es la que ha trabajado muchísimo en favor
de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Podemos revisar, por ejemplo, cuántas de las organizaciones o grupos
que han trabajado e impulsaron el tipo penal del feminicidio,
monitorearon registros periodísticos, han recibido fondos del Estado
para ello, la respuesta podría darla de manera específica por cada
entidad, pero no se trata de eso.
Las organizaciones de la sociedad civil que se constituyeron con el
único objetivo de agruparse para trabajar están hechas por mujeres que
pusieron y han puesto su salario, cada peso y recurso que tienen para
hacer algo que nadie estaba haciendo. Contar casos de feminicidio no era
popular, impulsar los derechos de las mujeres no era popular, acompañar
a mujeres que deseaban interrumpir su embarazo era y sigue siendo
muchísimo menos popular pero una realidad.
Muchas de las organizaciones más fuertes en Derechos Humanos por
ejemplo, jamás han recibido un peso de los fondos públicos del Estado y
aún así subsisten y continúan trabajando por la defensa de los derechos
de todas las personas.
Esto no quiere decir que se haga una defensa a “rajatabla” de las
organizaciones, existe una herencia de éstas que se crearon regidas bajo
su propio interés y ética y que colaboraron con instancias de las
mujeres bajo los requisitos y condiciones que servidores públicos les
pedían, y otras que sí trabajaron defendiendo el uso racional y objetivo
de los fondos para realmente ejercerlos en lo que se debía.
Es de todas las consultoras y mujeres que trabajan en sociedad civil
conocido el “moche” que les pedían por otorgarles contratos para
realizar acciones, al punto que se les hacía casi imposible alcanzar las
metas por el porcentaje que les retenían los municipios, los contratos
“sugeridos” de consultores que resultaban ser familiares de quienes los
proponían y un sinfín de situaciones que está de más exponer porque ya
son sabidas y conocidas.
Para nadie es un secreto. El fin de semana platicaba con una
destacada feminista en el estado de Jalisco y en la conversación
coincidíamos, sabemos y conocemos las condiciones en las que funcionan
muchas instancias, pero como en los refugios, las IMEF no deben ser
desaparecidas; esa no es la solución sino transparentar sus procesos.
El verdadero reto es limpiar, depurar y abrir convocatorias que sean
calificadas realmente sin dar beneficios por otras condiciones que no
sean los méritos y propuestas presentadas, establecer mecanismos que
impidan a autoridades municipales y estatales controlar los fondos
destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres por
complicidades criminales que trajeron como resultado que en enero hayan
asesinado a 10 mujeres diariamente, asesinatos que les empañan las manos
de sangre porque son resultado de que no se utilizaran los recursos
públicos para lo que eran destinados.
*Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche.
CIMACFoto: Rosario Nieto
Cimacnoticias | Ciudad de México
No hay comentarios.:
Publicar un comentario