No reducirá la impunidad e impactará en población femenina
Las
mujeres son quienes cargarán con las consecuencias de la reforma al
artículo 19 constitucional que concretó la Cámara de Diputados para
ampliar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa
cuando otras medidas cautelares no garantizan la presencia de la
persona imputada en el juicio.
El Código Nacional de Procedimiento Penales sólo contemplaba en los
delitos de prisión automática hasta llegar a una sentencia: la
violación, delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, trata
de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y
explosivos, así como graves que determine la ley contra la seguridad de
la nación, y libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Con la reforma propuesta por el Senado, se incluye la violencia
sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de
programas sociales con fines electorales; corrupción; robo al transporte
de carga en cualquiera de sus modalidades.
También delitos de robo de hidrocarburos; desaparición forzada; en
materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de la Fuerzas
Armadas.
Pero en opinión de la coordinadora de investigación de la
organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL),
Adriana Aguilar Arias, esto lejos de contribuir a que reduzca la
impunidad, podría ocasionar un mayor impacto en las mujeres ya que
afirmó que durante los últimos años se ha registrado un crecimiento
desproporcionado de mujeres privadas de la libertad, la mayoría
procesadas o sentenciadas por algunos de los nuevos delitos del artículo
19: casa habitación, homicidio, comercio ilegal de drogas, portación
ilegal de armas, secuestro, violación sexual y privación de la libertad.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad
(Enpol) en 2016 había 211 mil personas privadas de la libertad, 5 por
ciento fueron mujeres. Del mismo censo, ASILEGAL recuperó datos donde se
ubica que un 45 por ciento de la población femenina está en prisión
preventiva, frente a un 38 por ciento de hombres.
Además los 16 Centros Penitenciarios Femeniles albergan sólo 35 por
ciento de las mujeres en reclusión, las demás se encuentran en centros
varoniles, mal llamados mixtos, recalcó Aguilar.
Los delitos por los que son acusadas las mujeres llevan una carga de
género, añadió la maestra del Instituto Nacional de Ciencias Penales
(Inacipe), Olga Noriega Sáenz. En casos como homicidio se puede tratar
de legítima defensa de sus agresores o aborto, en trata de personas
puede resultar en detención víctimas y obligadas a cometer el ilícito,
robo a casa habitación afecta a trabajadoras del hogar. Aunado a la
creciente detención de mujeres acusadas de delitos contra la salud.
Cada caso debe analizarse bajo la perspectiva de género pues rara vez
las mujeres pueden pagar un abogado, teniendo riesgos de pasar un
tiempo prolongado en prisión preventiva, dijo la también consejera de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los estereotipos de género las colocan en desventaja, recordó la
diputada sin partido Lucía Riojas Martínez. La opositora a la propuesta
recordó que se ha demostrado que las mujeres en reclusión son
abandonadas en su proceso a diferencia de los hombres. Cuando son
liberadas viven estigma social aunque se demuestre su inocencia. Sumando
las consecuencias a los hijos de las mujeres que son madres.
Diversas instancias se han pronunciado al respecto del tema, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que la
prisión preventiva debe utilizarse como último recurso, obedecer al
principio de presunción de inocencia, y considerar el impacto
diferenciado que tiene en la población femenina.
También lo establecen las Reglas de Bangkok de la ONU para el
tratamiento de mujeres privadas de la libertad y el Comité de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), en la evaluación a México en 2018, pidió
mantener la aplicación de medidas no privativas de libertad en las
mujeres.
Todas estas consecuencias fueron advertidas a los diputados por
diversas expertas, pero “no quisieron escuchar” dijo Riojas Martínez. Se
insistió que en el caso de feminicidio disminuiría la impunidad pero la
diputada objeta que las verdaderas investigaciones de los casos son los
que pueden garantizar justicia a las mujeres.
La legisladora adelantó que la oposición ya comenzó a dialogar para llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México
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