NACIONAL
Dan recomendaciones ante impunidad; caso Gregorio sin justicia
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Periodistas de diversos medios de comunicación y defensoras de la libertad de expresión afirmaron que en Veracruz el gremio periodístico vive en medio de las amenazas del crimen organizado, la censura de los dueños de los periódicos, y la irresponsabilidad de las autoridades y del gobernador Javier Duarte.
Ante este panorama, las y los comunicadores presentaron 17 recomendaciones dirigidas a todos los actores involucrados a fin de ayudar a frenar la censura y la impunidad que prevalecen en esa entidad, y evitar que sigan ocurriendo agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas.
Las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie, Daniela Pastrana y Elia Baltazar, así como María Idalia Gómez, de la Sociedad Interamericana de Prensa, presentaron hoy estas recomendaciones como parte de los resultados de la Misión de Observación que realizaron del 15 al 17 de febrero en Veracruz.
Un grupo de 16 periodistas y defensores de la libertad de expresión estuvieron en la entidad para investigar el secuestro y asesinato del periodista de los diarios Notisur y Liberal del Sur, Gregorio Jiménez, quien fue encontrado muerto el pasado 11 de febrero en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas.
Elia Baltazar afirmó que este secuestro y asesinato no puede entenderse sin abordar el alarmante contexto de violencia en el estado, que tan sólo en tres años registró el homicidio de 10 comunicadores y la desaparición de tres periodistas, así como múltiples agresiones a la prensa.
Daniela Pastrana mencionó que el gremio debe tomar acciones al respecto, porque como lo han denunciado organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 –que en días recientes fueron víctimas de hostigamiento–, el panorama es complicado y no hay señales de que el escenario pueda mejorar para el gremio.
María Idalia Gómez dijo que de la revisión del expediente del caso de Gregorio se desprenden varias irregularidades, por ejemplo el hecho de que la Procuraduría estatal se enfocara en una sola investigación, y que tres de los siete detenidos afirmaran que fueron torturados para declararse culpables.
Alertó que en la investigación no hay claridad sobre cómo se encontró el cuerpo de Gregorio y cómo lo identificaron, además de dudas pendientes porque las autoridades no siguieron indagando a los presuntos culpables, ni consideran que el reportero fue asesinado por informar sino por una “riña vecinal”.
Por ello Gómez aseguró que este caso, en el que en realidad no hay pruebas sólidas de la culpabilidad de los imputados, podría caerse en un tribunal, como ocurrió con el asesinato de Regina Martínez, reportera de Proceso que fue encontrada muerta en su casa el 28 de abril de 2012 en la ciudad de Xalapa, y cuyo presunto asesino quedó en libertad tras la orden de un juez.
En su informe, las integrantes de la misión señalan que el Ministerio Público no indagó y mucho menos profundizó en el
trabajo periodístico de Gregorio, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República.
Por su parte, el periodista Emiliano Ruiz aseguró que el caso de Gregorio es muestra de que el periodismo se coloca como un oficio de ínfima categoría, ya que en este caso el reportero recibía un sueldo de 20 pesos por nota publicada y hasta el día de su muerte tenía pagos pendientes. Además dijo que se le descontó parte de su sueldo por un préstamo para comprar una cámara fotográfica.
Con todas estas evidencias, las organizaciones civiles recomendaron a la Procuraduría de Justicia estatal reconocer que este asesinato se vincula con la labor periodística de Jiménez.
Asimismo pidieron que se subsanen las fallas en las pesquisas del caso, se agote la línea de investigación sobre la labor informativa de Gregorio, y que se permita a los integrantes de la Misión el acceso a otros expedientes de asesinatos y desapariciones de periodistas en el estado.
También demandaron que la FEADLE haga uso de todos sus fundamentos jurídicos para atraer la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste procese y sancione a los responsables y publique un reporte detallado de por qué no atrajo de forma inmediata el caso.
Las y los periodistas coincidieron en que éste no es el único caso, por lo que urgieron a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la entidad a reconocer públicamente la situación adversa que enfrenta el gremio, así como promover una ley de protección de derechos para el ejercicio periodístico, entre otras recomendaciones.
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