El señor Martínez

Sara Sefchovich

El señor José María Martínez Martínez es un senador por el estado de Jalisco y por el PAN. Hace algunas semanas se le mencionó mucho porque preside una comisión del Congreso que se ha puesto a decidir qué es lo que sí y lo que no se debe considerar familia.

Esto se conecta con mi artículo de la semana pasada, en el que hablé de una organización llamada Católicas por el derecho a decidir, defensora de los derechos humanos, entre ellos los reproductivos, y en consecuencia del aborto, porque algunos comentarios que me hicieron los lectores, tienen que ver también con una idea de lo que se debe considerar familia e incluso persona.

Según el señor Martínez —y voy a citar lo que escribió él mismo de su puño y letra en un artículo que le publicó el periódico Milenio el 3 de julio pasado con el título de “Versión no tergiversada de vida y familia”—:

“A la pregunta de ¿si la unión de dos personas del mismo sexo es familia? Mi respuesta fue un no rotundo y lo sostengo. Al igual que la sola unión civil de dos personas del mismo sexo, como el matrimonio de un hombre y una mujer también de carácter civil, la respuesta es la misma: no, pues en ambos casos se trata sólo de un acto jurídico que se constituye cumpliendo requisitos y ritos legales, expresando la voluntad de los interesados ante un funcionario que el Estado designa para llevarlo a cabo”.

Lo que el señor sostiene, altera completamente lo que se ha venido debatiendo, pues no está planteando cuestiones sobre el tipo de familia (y en la cual se niega a aceptar modelos que no sean el tradicional), sino el tipo de acto jurídico que la generaría y que él se niega a que valga. Son dos cosas completamente distintas.

Para el senador, de un matrimonio civil (frente a “un funcionario del Estado”) no tiene valor, tanto si este es entre dos personas de diferente sexo como si son del mismo sexo.

Y la explicación para que no valga es la siguiente: que “la familia es un hecho natural, vital, que no está sujeta a la expresión de voluntad ante el Estado”. Es decir, que en su opinión el Estado no tiene por qué meterse a regular a la familia.

Pero entonces la pregunta es: ¿Por qué, después de decir eso, dice (en el mismo artículo) que “la familia debe ser fortalecida por el Estado ante los problemas que atentan contra ella, como el maltrato y el abuso, la inseguridad, la desintegración, los problemas de adicciones, educación, trabajo y cultura, las oportunidades, la de enseñar valores universales, la libertad no ganada a pulso de responsabilidad, la del acoso escolar (bullying), la ausencia de valores universales, la falta de solidaridad, etcétera”?

¿Por qué, si considera que el Estado no tiene que meterse a regular a las familias, afirma que sí debe meterse a enfrentar los problemas que se producen en éstas “con políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria”?

La verdad, no le entiendo al senador. ¿Debe o no debe el Estado meterse en la vida de las familias?

El señor Martínez asegura que quienes lo han criticado es porque no le entienden. Pero, como se dice ahora, con todo respeto: ¿Cómo le podemos entender si lo que dice (escrito por él mismo) son cosas completamente contradictorias e incompatibles entre sí?

Pero en lugar de darse cuenta de estas incoherencias, el senador presume de tener una posición “actual y moderna como la vida misma”, y una posición “humanista”. Puede ser. Pero para poderla considerar así, primero tendría que ser una postura clara, en la que sea evidente exactamente lo que defiende, lo que ataca, lo que propone.

Lo mismo les digo a quienes se hicieron bolas para “explicarme” por qué alguien que piensa distinto a ellos no se puede considerar católico o por qué alguien que apoya el aborto es que odia a la infancia. Son conexiones e inferencias sin pies ni cabeza, premisas que no tienen nada que ver entre sí.

sarasef@prodigy.net.mx   www.sarasefchovich.com

Escritora e investigadora en la UNAM