Aziz Nassif
Desde hace varios meses España ha generado noticias relevantes, desde la crisis económica y el triunfo del Partido Popular (PP), hasta el movimiento de los indignados y la terrible reforma laboral que abarata el despido. Ahora el caso del juez Baltasar Garzón, que acaba de ser inhabilitado por 11 años, se ha convertido en un escándalo internacional que pone a debate el tipo de impartición de justicia en ese país y, por supuesto, la calidad de una democracia que se pensaba emblemática. A la justicia española no le será fácil levantar la cabeza frente a la desaprobación interna y externa que genera esta polémica expulsión.
La opinión pública ya registró una reprobación mayoritaria: 61% de los ciudadanos españoles consideran que Garzón es víctima de persecución; para 77% el hecho de investigar los crímenes del franquismo no es un delito; 65% opina que la impartición de justicia ha empeorado, así como el desempeño del Tribunal Supremo (El País, 10/02/2012). La justicia española ha sido puesta en la mesa de debate. ¿Cómo es posible que en el famoso caso Gürtel, uno de los mayores expedientes de corrupción política ligados a políticos del PP, el que haya sido condenado sea el juez que llevó la investigación?, se pregunta Lisa Abend en la revista Time (El País, 10/02/2012). ¿Cómo explicar que las escuchas, por las que fue condenado Garzón, fueron autorizadas por dos fiscalías y por un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ninguno ha sido llamado a declarar para el caso de Garzón? Algo huele mal.
Los siete jueces que condenaron a Garzón tienen reputación de conservadores. Me pregunto cómo es posible que después de varios gobiernos socialistas haya tal desequilibrio en ese Tribunal Supremo. Por supuesto que la justicia y los expedientes no se ganan o se pierden por las expresiones populares de rechazo o aprobación, sin embargo, no se puede dejar de lado que la justicia es un proceso en donde hay actores, intereses, visiones del mundo e interpretaciones de la legalidad.
El tipo de delincuentes que procesó Garzón, como Pinochet o los generales argentinos, dictadores que violaron derechos humanos; los expedientes en contra de ETA; el combate a la corrupción que representó la colusión de intereses políticos y económicos como Gürtel; la persecución de crímenes del franquismo dejan ver que estamos ante un juez incómodo y polémico, que puso en práctica una idea de justicia y defensa de derechos humanos por encima de las interpretaciones letristas, burocráticas o conservadoras del derecho. Como diría Michel Foucault, si en alguna parte del ejercicio del poder hay una estrategia de saber revestida de legitimidad es el campo del derecho y la impartición de justicia.
El sistema de derecho y el campo judicial se tienen que analizar no sólo desde el lado de la legitimidad, sino desde los procedimientos para someter y excluir. El caso de Garzón no es la defensa contra derechos violentados por un juez ante unos pobres ciudadanos acusados de corrupción, sino lo que está en juego son las estrategias, mecanismos y técnicas para excluir a un juez incómodo que se ha atrevido a destapar cloacas y delitos de enorme importancia para una sociedad democrática. En este sentido lo que se castigó con el caso Gürtel no fue la violación de procedimientos y el descuido de un juez que subordinaba los procedimientos a objetivos justiciero, sino como dijo Mercedes Gallizo (ex directora de instituciones penitenciarias cuando se hicieron las escuchas), lo que se hizo fue usar al Estado de derecho para “blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia de altos vuelos”.
El juez Garzón ha sido un instrumento poderoso para enfrentar —desde la legalidad— delitos muy sensibles como la corrupción política de enormes dimensiones; el terrorismo de ETA; los crímenes del franquismo que nadie se había atrevido a procesar jurídicamente y que hoy permanecen impunes. Se trata de realidades que cualquier país democrático tiene que resolver de acuerdo al Estado de derecho. Quizá por esas razones la relatora especial de la ONU, Gabriela Knaul, ha considerado lamentable que el juez Garzón vaya a ser condenado por investigar las desapariciones forzadas del franquismo, delitos que según el derecho internacional no prescriben. En los próximos días veremos qué decide la justicia española sobre el otro expediente en contra de Garzón, que es mucho más polémico: el de los crímenes del franquismo.
El castigo al juez pasa por un conjunto de reglas de derecho que operaron para ejercer un poder de exclusión. No se trató de defender el debido proceso, sino de penalizar y destruir la carrera de un sujeto incómodo que puso en jaque a corruptos, dictadores y terroristas, los que ahora brindarán con champán, como escribió la hija del juez.
Desde hace varios meses España ha generado noticias relevantes, desde la crisis económica y el triunfo del Partido Popular (PP), hasta el movimiento de los indignados y la terrible reforma laboral que abarata el despido. Ahora el caso del juez Baltasar Garzón, que acaba de ser inhabilitado por 11 años, se ha convertido en un escándalo internacional que pone a debate el tipo de impartición de justicia en ese país y, por supuesto, la calidad de una democracia que se pensaba emblemática. A la justicia española no le será fácil levantar la cabeza frente a la desaprobación interna y externa que genera esta polémica expulsión.
La opinión pública ya registró una reprobación mayoritaria: 61% de los ciudadanos españoles consideran que Garzón es víctima de persecución; para 77% el hecho de investigar los crímenes del franquismo no es un delito; 65% opina que la impartición de justicia ha empeorado, así como el desempeño del Tribunal Supremo (El País, 10/02/2012). La justicia española ha sido puesta en la mesa de debate. ¿Cómo es posible que en el famoso caso Gürtel, uno de los mayores expedientes de corrupción política ligados a políticos del PP, el que haya sido condenado sea el juez que llevó la investigación?, se pregunta Lisa Abend en la revista Time (El País, 10/02/2012). ¿Cómo explicar que las escuchas, por las que fue condenado Garzón, fueron autorizadas por dos fiscalías y por un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ninguno ha sido llamado a declarar para el caso de Garzón? Algo huele mal.
Los siete jueces que condenaron a Garzón tienen reputación de conservadores. Me pregunto cómo es posible que después de varios gobiernos socialistas haya tal desequilibrio en ese Tribunal Supremo. Por supuesto que la justicia y los expedientes no se ganan o se pierden por las expresiones populares de rechazo o aprobación, sin embargo, no se puede dejar de lado que la justicia es un proceso en donde hay actores, intereses, visiones del mundo e interpretaciones de la legalidad.
El tipo de delincuentes que procesó Garzón, como Pinochet o los generales argentinos, dictadores que violaron derechos humanos; los expedientes en contra de ETA; el combate a la corrupción que representó la colusión de intereses políticos y económicos como Gürtel; la persecución de crímenes del franquismo dejan ver que estamos ante un juez incómodo y polémico, que puso en práctica una idea de justicia y defensa de derechos humanos por encima de las interpretaciones letristas, burocráticas o conservadoras del derecho. Como diría Michel Foucault, si en alguna parte del ejercicio del poder hay una estrategia de saber revestida de legitimidad es el campo del derecho y la impartición de justicia.
El sistema de derecho y el campo judicial se tienen que analizar no sólo desde el lado de la legitimidad, sino desde los procedimientos para someter y excluir. El caso de Garzón no es la defensa contra derechos violentados por un juez ante unos pobres ciudadanos acusados de corrupción, sino lo que está en juego son las estrategias, mecanismos y técnicas para excluir a un juez incómodo que se ha atrevido a destapar cloacas y delitos de enorme importancia para una sociedad democrática. En este sentido lo que se castigó con el caso Gürtel no fue la violación de procedimientos y el descuido de un juez que subordinaba los procedimientos a objetivos justiciero, sino como dijo Mercedes Gallizo (ex directora de instituciones penitenciarias cuando se hicieron las escuchas), lo que se hizo fue usar al Estado de derecho para “blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia de altos vuelos”.
El juez Garzón ha sido un instrumento poderoso para enfrentar —desde la legalidad— delitos muy sensibles como la corrupción política de enormes dimensiones; el terrorismo de ETA; los crímenes del franquismo que nadie se había atrevido a procesar jurídicamente y que hoy permanecen impunes. Se trata de realidades que cualquier país democrático tiene que resolver de acuerdo al Estado de derecho. Quizá por esas razones la relatora especial de la ONU, Gabriela Knaul, ha considerado lamentable que el juez Garzón vaya a ser condenado por investigar las desapariciones forzadas del franquismo, delitos que según el derecho internacional no prescriben. En los próximos días veremos qué decide la justicia española sobre el otro expediente en contra de Garzón, que es mucho más polémico: el de los crímenes del franquismo.
El castigo al juez pasa por un conjunto de reglas de derecho que operaron para ejercer un poder de exclusión. No se trató de defender el debido proceso, sino de penalizar y destruir la carrera de un sujeto incómodo que puso en jaque a corruptos, dictadores y terroristas, los que ahora brindarán con champán, como escribió la hija del juez.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario