El costoso fracaso de un sexenio fallido, queda de manifiesto en un dato que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF): no obstante el creciente aumento del gasto destinado a seguridad pública, la incidencia de delitos no disminuyó, sino al contrario. En el informe de la Cuenta Pública 2010, se indica que entre 2001 y 2009 la comisión de delitos en el país creció 147 por ciento, al pasar de 4 mil 412 a 10 mil 935 por cada cien mil habitantes. Lo dramático del caso es que en sólo un año, de 2009 a 2010, el incremento fue de 23 mil 956 ilícitos cometidos, o sea un crecimiento de 119.1 por ciento.
Es evidente que la “guerra” de Felipe Calderón contra el crimen organizado, su principal estrategia de “gobierno”, ha resultado un gran fiasco en lo que se refiere a reducir la incidencia de delitos, pero muy exitosa si la vemos por el número de muertos. Es clara entonces la necesidad de poner fin a este inútil derramamiento de sangre, que además ha tenido un efecto muy negativo en el terreno económico, por la desconfianza generada entre los inversionistas, y por la incertidumbre ante un grupo gobernante desligado por completo de la sociedad nacional, sólo atento a seguir usufructuando el poder con una finalidad que daña gravemente los intereses mayoritarios.
A lo largo del sexenio se le ha dicho a Calderón que su “guerra” no sirve al propósito de reducir el tráfico de drogas, mucho menos al de disminuir la incidencia de delitos graves, mientras por otro lado no se enfrentan correcta y eficazmente las causas de fondo de la descomposición del tejido social. Él sigue “montado en su macho”, porque ha quedado claro que así sirve a intereses extranacionales. Esto lo confirmaron los participantes en el foro internacional “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición”.
El juez James P. Gray, quien durante 25 años se ha dedicado a la atención de delitos ligados al narcotráfico, recomendó al Ejecutivo mexicano crear una política propia en contra del combate al flagelo y de la violencia, y no seguir más las directrices del gobierno estadounidense. Además afirmó que la prohibición de las drogas “es el mayor error de Estados Unidos desde la esclavitud”. Pidió una disculpa “por lo arrogante que ha sido mi país con México al proponer que la guerra contra las organizaciones criminales se libre aquí”. Así se confirma lo que hemos venido sosteniendo: que México pone los muertos y las ganancias que ello produce se quedan en Estados Unidos, y entre sus “socios” mexicanos.
Por su parte, el ex presidente de Colombia, César Gaviria, puntualizó que mientras México siga aplicando al pie de la letra la política impuesta por Washington, en materia de criminalización del consumo de estupefacientes y prohibición absoluta de sustancias sicotrópicas, “la violencia en el país no va a terminar”. Dijo que el gobierno mexicano debe tener una política propia, “que defienda los intereses de su sociedad y no pretenda detener el flujo de drogas a Estados Unidos, porque con ese tamaño de frontera no lo va a conseguir”.
Esto es muy evidente, sólo que el inquilino de Los Pinos no lo ve así, por la sencilla razón de que su verdadero interés no es combatir al crimen organizado, sino mantener vivas las condiciones objetivas que permitan que las actividades delictivas de alto impacto sigan siendo muy redituables, lo que beneficia a los verdaderos “capos” del crimen organizado, esos que nunca salen en la nota roja sino en las páginas de sociales y de negocios. Por tal razón, tampoco tiene un mínimo interés en ver las adicciones como un problema de salud pública, como en realidad es, sino que las ve sólo como un asunto delictivo.
Lo que alienta una esperanza razonable, es que en la nación vecina hay sectores que no tienen compromisos con las mafias verdaderas del crimen organizado, como el juez Gray, quienes tienen muy claro el camino a seguir para debilitarlas y lograr avances concretos en el combate al narcotráfico. Pero mientras siga la derecha en el poder en México, será muy difícil tener buenos resultados, por la ligazón que existe entre ésta y los conservadores estadounidenses. Por eso es vital que la sociedad mexicana, incluidos grandes y medianos empresarios, entienda que seguir apoyando al PAN o al PRI, tendrá consecuencias terribles, pues la violencia actual será un juego infantil en comparación con la que se podría generar por los compromisos entre las fuerzas conservadoras de uno y otro país.
Es preciso darse cuenta de que la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado, no es otra cosa que una pantalla que impida ver el trasfondo tenebroso de esta “estrategia”, que básicamente busca mantener al alza la rentabilidad del tráfico de estupefacientes. Y justificar la militarización del Estado.
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