Autoridades niegan amparo por juicio irregular
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 13 feb 12 (CIMAC).- Autoridades del Estado de México rechazaron el amparo que interpuso Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, joven asesinada en la entidad, por la sentencia de no ejercicio de acción penal contra el presunto homicida de su hija, el judicial mexiquense Julio César Hernández Ballinas.
Lo anterior lo informó a Cimacnoticias Rodolfo Domínguez, abogado de la familia de Mariana Lima, quien señaló que esta resolución violentó nuevamente el derecho de Irinea Buendía a la justicia, la legalidad y seguridad jurídica.
De igual modo, dijo, al desechar el amparo el Segundo Tribunal Colegiado en Material Penal del Segundo Circuito “convalidó las actuaciones de todos los funcionarios que intervinieron en la investigación de la muerte de Mariana Lima Buendía”, la cual se caracterizó por ser “omisa y negligente”.
El abogado recordó que las irregularidades comenzaron desde que se levantó el cuerpo de la joven, el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México. Ese día las autoridades realizaron la inspección en 10 minutos, en los que no resguardaron la evidencia, ni acordonaron el lugar de los hechos, según el testimonio de Irinea Buendía.
Además, durante la averiguación CHIM/III/3885/2010 las autoridades “nunca reportaron avances, se quedaron con el dicho de Hernández Ballinas”, a pesar de que la madre de Mariana, así como sus amistades y familiares, testificaron los antecedentes de violencia y amenazas de muerte que la mexiquense padeció el tiempo que estuvo casada con el judicial, abundó Buendía.
Así, el 9 de septiembre 2011, Ivone Banda Gómez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Homicidios, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Julio César Hernández Ballinas. Esta resolución fue autorizada por la Fiscalía Especializada en Feminicidios en el estado un mes después.
Ante este hecho, el 17 de noviembre pasado, Irinea Buendía interpuso un recurso de inconformidad, que consiste en que Alfredo Castillo, procurador General de Justicia del Estado de México, “revise la actividad administrativa del personal bajo su responsabilidad”.
En la solicitud del recurso de revisión, la defensa señala las violaciones a los Derechos Humanos de Irinea Buendía en su lucha por el esclarecimiento del crimen de su hija.
Además se argumentó la falta de “fundamentación y motivación” de la resolución de la autoridad y se “evidenciaron las irregularidades, omisiones y faltas cometidas durante la averiguación previa”.
A la fecha, la madre de Mariana Lima no ha sido notificada sobre el avance del recurso de revisión.
Debido a que la resolución de ese trámite, aun cuando sea positiva, no puede modificar o nulificar el ejercicio de la acción penal, el 25 de noviembre de 2010 la defensa de Irinea presentó una demanda de amparo que fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales en Toluca, Estado de México.
Tres días después, el Juez Quinto de Distrito solicitó a Irinea Buendía la documentación para analizar el caso, como la transcripción o una copia de la resolución de no ejercicio de la acción penal; esta información fue entregada en tiempo y forma a pesar de que los documentos debieron solicitarse al MP y no a la señora, mencionó el abogado.
El 8 de diciembre pasado, el juez desechó la demanda de amparo por considerarla “notoriamente improcedente”, pues alegó que aún no se había resuelto el recurso de revisión.
En ese escenario, Buendía interpuso un recurso de revisión en contra del desechamiento de la demanda, que fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Material Penal del Segundo Circuito, el 3 de enero pasado.
Sin embargo, este tribunal recientemente confirmó la resolución del Juez Quinto de Distrito y desechó la de demanda de amparo, informó Rodolfo Domínguez.
Actualmente, Irinea está en espera de que el procurador mexiquense resuelva el recurso de inconformidad que le envió y en el que relata la violación a sus DH durante el proceso judicial.
De acuerdo con el abogado, si la petición es desechada habrán agotado los recursos jurídicos para obtener justicia en el país y podrán recurrir a tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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