Con la aceptación, por parte del general secretario, Guillermo Galván Galván, de que cinco años de combatir al crimen organizado han sido infructuosos, queda plenamente demostrado que la violencia del Estado, cuando no es conducida por la razón, se convierte en una acción contra el Derecho. Las palabras del alto mando militar no dejan lugar a dudas: la orden de Felipe Calderón a las Fuerzas Armadas, contraviniendo el ordenamiento constitucional, de salir a las calles a realizar labores policíacas, no dio resultados positivos, sino todo lo contrario, pues ahora es mayor el poder de las organizaciones delictivas.
Así lo reconoció el titular de la Defensa Nacional, al puntualizar: “Es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada”. Entonces, cabe preguntarse, ¿de qué han servido tantas decenas de miles de muertos, si los resultados han sido contrarios a los esperados? Aceptó que en algunas regiones del país, “la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado”, motivo por el que, en esas latitudes, “el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado”. Esto a pesar del apoyo pleno del Ejecutivo a las tropas, a las cuales ha beneficiado como a ningún otro sector.
Queda demostrada la irresponsabilidad de Calderón al ordenar una estrategia sin antes haber sopesado sus posibilidades, que en este caso eran y son imposibles de concretar, como lo aceptó tácitamente el general Galván. Tan equivocado estaba el inquilino de Los Pinos al suponer que en un dos por tres, con el apoyo de las fuerzas armadas, iba a liquidar a los narcotraficantes, a quienes debe haber imaginado como un atajo de campesinos indefensos; como igualmente es errónea la apreciación del titular de la Sedena, cuando afirma que las fuerzas políticas y sociales, “convencidas de la magnitud y espesura del flagelo, gradualmente suman su apoyo y esfuerzo a este empeño”. Sucede exactamente lo contrario, por los abusos de que ha sido víctima la población civil, la cual evalúa la realidad con absoluta objetividad.
De ahí la urgencia de que las tropas regresen a sus cuarteles, para evitar una descomposición más acelerada del marco institucional. Sería contraproducente la aprobación de una Ley de Seguridad Nacional que legitimara las tareas represivas de los soldados metidos a policías, como ha quedado plenamente demostrado en estos cinco años. El desprestigio de las fuerzas armadas, por su participación en una “guerra” que no les competía, será un problema que tendrá que resolverse a fondo en los próximos años. Es ineludible dar el primer paso, que no es otro que el regreso de las tropas a sus cuarteles, porque como dijo el general Galván: “No se trata de arrogarnos privilegio alguno ni desempeñar funciones que no nos corresponden”.
Mucho menos cuando ha quedado demostrada la inutilidad del esfuerzo desplegado por miles de soldados, muchos de los cuales perdieron la vida de manera también inútil. Lo paradójico es que ahora la realidad nacional sea más dramática y peligrosa, pese a tanto derramamiento de sangre. Es válido decir que la violencia ha ido en aumento, no porque durante años no se atacara frontalmente a la delincuencia organizada, sino porque años atrás no era tan grave la descomposición del tejido social. Esto lo saben perfectamente en la Casa Blanca en Washington, de ahí su interés en que se mantenga este proceso de grave deterioro institucional, con el fin de poder presionar con más firmeza a la clase política mexicana, cada vez más aislada.
Así lo estamos viendo en las últimas semanas, hasta llegar a las alertas de viaje hacia México del gobierno estadounidense a sus connacionales, con el pretexto de la extrema violencia en el país. No deja de ser grotesca esta actitud, pues por un lado incentivan este proceso con la venta indiscriminada de armas, y por el otro se muestran “preocupados” por una realidad que ellos quisieran se prolongara de manera indefinida. De ahí el imperativo de que las fuerzas armadas apuntalen su prestigio y confiabilidad entre la sociedad civil, pues lograrlo permitirá construir el más firme muro de contención a las ambiciones absurdas de la Casa Blanca.
La doble moral estadounidense es igual a la que maneja la derecha en México, por eso se entienden a las mil maravillas ambos grupos en el poder. Por eso es vital quitarle la silla presidencial, pacíficamente, para evitar males gravísimos a las nuevas generaciones de mexicanos. Mientras la derecha siga al frente del Estado, la nación estará en riesgo de perder totalmente no sólo su soberanía, sino su viabilidad para ofrecer oportunidades de progreso y desarrollo a la sociedad en su conjunto, que pasaría a la condición de masa humana sin ningún derecho, al servicio de intereses extranjeros.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario