Seis años de promesas incumplidas
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 17 feb 12 (CIMAC).- A seis años del siniestro en la mina Pasta de Conchos, viudas y familiares sobreviven con pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que son menores a las prometidas por los funcionarios, apenas van de los 2 a 3 mil pesos mensuales.
Teresa Contreras, viuda del minero José Porfirio Cibrián, recibe una pensión del IMSS, de 2 mil 150 pesos al mes, los cuales son insuficientes para mantener a su hijo de 13 años de edad.
Esta situación se repite con viudas de los mineros caídos en siniestros recientes. Ellas también reciben un pensión inferior a la prometida, en promedio 2 mil 500 pesos mensuales, y, de igual modo, se han encontrado con los “oídos sordos” de las autoridades en su búsqueda de justicia.
Trinidad Cantú madre del carbonero Raúl Villasaña, caído en Pasta de Conchos, señala que “ni Fox, ni Calderón se dignaron a recibir a las familias, eso sólo refleja el desprecio por la vida de quienes trabajan para hacer ricas a las empresas”.
Felipe Calderón “dice que busca ‘primero el diálogo’, pero después de seis años no hemos encontrado una puerta abierta para hablar con él” y poder exigirle el rescate de los restos de los mineros y la mejora en las condiciones de trabajo para que los carboneros trabajen sin el riesgo de morir por falta de medidas de seguridad.
“Tengo sobrinos en la minería, no quisiera que volviera a suceder esto, vivimos preocupadas, sabemos que se van, pero no si regresan del trabajo”, advirtió Cantú.
Las viudas de los mineros señalan que a pesar de los “oídos sordos” de las autoridades, el tiempo que transcurra y las dificultades económicas: “no nos cansaremos de alzar la voz”.
Además de reclamar los restos de sus seres queridos, ellas junto a las jóvenes viudas de siniestros recientes piden que se detenga el enriquecimiento de los explotadores del carbón a costa de la vida de los mineros.
Raúl tenía esposa y dos hijas, ellas reciben una pensión, al igual que la mayoría de las viudas de los trabajadores fallecidos el 19 de febrero de 2006.
Por ello, ayer solicitaron al Senado de la república, apruebe la iniciativa de ley que propone crear la Comisión Nacional Reguladora de la Industria del Carbón, la cual funcionaría como un organismo descentralizado de la administración pública para supervisar, verificar, vigilar, investigar e inspeccionar la aplicación y cumplimiento de las normas que regulen la extracción del mineral.
Otra de las peticiones al senado fue su aval para demandar al gobierno federal y a la empresa Industrial Minera México (IMM), el rescate de los restos de los 63 trabajadores, informó a Cimacnoticias Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
Rodríguez abundó que invertir en el rescate de los restos de los trabajadores carboneros sólo representaría el 1 por ciento de la utilidad anual que le genera a IMM la explotación del carbón.
María Álvarez, hermana de Jesús Álvarez, minero caído en Pasta de Conchos, señaló que “aunque pasen años y años, no nos vamos a cansar de pedir que nos los regresen, queremos sus restos para darles sepultura para ir a dónde llorarles”.
Este clamor llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010 y también a la Organización Internacional del Trabajo, instancias en las que el Estado mexicano ha tenido que explicar su actuación en el caso que ha consistido en negar las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores del carbón y sus familias.
Al reclamo de justicia, se sumó Laura Cifuentes, viuda del minero Juan Carlos Escobedo, quien murió el pasado 3 de mayo en el pozo Binza, ubicado en la región carbonífera, en este siniestro fallecieron 14 mineros y un trabajador perdió un brazo.
“Demandamos que haya justicia para los muertos y prevención porque los accidentes no se van a acabar, mientras el interés sea el dinero y no la vida de los trabajadores”, mencionó Cifuentes quien en la explosión también perdió a un hermano y un primo.
La madre de tres hijos, quien recibe una pensión de 2 mil 250 y obtuvo un préstamo “a medias” del gobierno federal para emprender un negocio (pues sólo cubrió la mitad de su proyecto) exige también que funcionarios como Javier Lozano “cómplices” de empresarios “negligentes” no sigan en ascenso en la función pública, ya que son quienes han incumplido promesas como el esclarecimiento de estas tragedias y pensiones justas para las familias.
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