El Movimiento Indígena Nacional y las autonomías

Gilberto López y Rivas

Con fecha 10 de febrero pasado, la organización denominada Movimiento Indígena Nacional (MIN) circuló un boletín electrónico con los siguientes titulares: Indígenas buscan llegar al Congreso de la Unión/ El MIN da a conocer al PRD precandidatos/ Piden a IFE observar que partidos políticos reserven los distritos indígenas para dirigentes de pueblos indios.

En el documento se asienta que representantes y delegados de 62 pueblos indígenas de México se reunieron en la Asamblea Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas, el 8 de febrero de 2012, para exigir a los partidos políticos asegurar su inclusión para contar con legisladores. De manera particular, piden al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que restituya los espacios a los indígenas perredistas, entre ellos el de ser incluidos en la relación de candidatos en lugares preferentes. Los integrantes de la comisión política de dicha asamblea manifestaron que es tiempo de que los órganos de gobierno del PRD actúen con congruencia, como lo mandatan los principios y estatutos del partido, para la selección de postulantes.

Entre su lista de prioridades dan a conocer los nombres de sus mejores candidatos(as) para la Cámara de Diputados y el Senado, asegurando que todos ellos son indígenas militantes del PRD y considerados como los mejores perfiles, además de tener el compromiso y la agenda política del Movimiento Indígena Nacional.

Los delegados a la asamblea manifiestan su respaldo al PRD en este proceso electoral, a fin de lograr la transformación verdadera del país con la inclusión, participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, acotan –sorprendentemente– que en el caso de que el Partido de la Revolución Democrática incumpla sus obligaciones estatutarias, tomarán otras medidas para hacerse respetar. Estas medidas, se sostiene, pueden llegar incluso al ejemplo del pueblo purépecha de Cherán, Michoacán, cuyos pobladores hicieron valer su autonomía, y llamar a oponerse a aceptar candidatos que no representen a los pueblos y comunidades indígenas.

Pese a que en el comunicado se asienta que la Asamblea Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas hace suyo el Manifiesto Político Indígena, de este documento sólo se destaca que se reclama garantizar la postulación de candidatos indígenas en los 28 distritos electorales federales indígenas, incorporando la cuota de género.

Si se analizan el boletín enviado y el propio Manifiesto Político Indígena es evidente que se trata de un movimiento que se deslinda de los acuerdos de San Andrés, el Congreso Nacional Indígena (CNI), el EZLN, los procesos autonómicos hegemonizados por los mayas zapatistas, así como la vía de construcción de autonomías desde abajo y a partir de un quiebre con el sistema de partidos políticos. Precisamente, la reciente enseñanza de Cherán, que expulsó a los partidos políticos, no participó en el proceso electoral de 2011 y optó por elegir a sus autoridades por la vía de usos y costumbres, confirma los hallazgos de investigaciones en el ámbito latinoamericano acerca del papel de los partidos como factor heterónomo, esto es, contrario al desarrollo de las autonomías.

También son significativas la falta de un planteamiento programático y la distancia del MIN sobre problemas concretos acuciantes para numerosos pueblos indígenas, que constituyen incluso cuestiones de vida o muerte, como es la presencia dañina de las corporaciones mineras, madereras, turísticas, farmacéuticas y de narcotraficantes, entre otras, en los territorios de las etnorregiones, como se ha venido documentando en las páginas de nuestro periódico, tanto en reportajes como en artículos de opinión, limitándose a una mención formal sobre el derecho a la consulta previa e informada. Nada sobre el éxodo migratorio, los megaproyectos carreteros, la militarización, la criminalización de movimientos, la acción de grupos paramilitares en territorios indígenas, o sobre los presos políticos detenidos por su oposición a la privatización del agua o los altos costos de la electricidad.

El diálogo de San Andrés significó el funeral festivo de las políticas indigenistas sostenidas por el Estado mexicano para el control político de los pueblos originarios, por lo que sorprende que en el manifiesto referido se demande nuevamente la transformación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora sí, como una institución de verdadero servicio para los pueblos y comunidades indígenas.

Es incuestionable que el MIN representa a ese sector político de los pueblos indígenas que está abocado a la búsqueda de espacios para sus integrantes dentro de los aparatos del Estado. Así lo prueba el carácter de estos escritos dados a conocer a la opinión pública. Por ello, más que una reunión de delegados de 62 pueblos indígenas (recordemos que en el diálogo de San Andrés, con la más amplia convocatoria zapatista, se lograron reunir representantes de no más de 30 pueblos o grupos etnolingüísticos), debiera aclararse que en realidad se llevó a cabo una convención electoral, más específicamente de la fracción indígena del PRD, que exige, legítimamente, la observancia de las cuotas para candidatos por adscripción étnica –ciertamente estipulada en sus reglamentos internos–, la que nunca ha cumplido ese partido.

Tomando en cuenta que la lucha por las candidaturas para puestos de elección popular en el interior del PRD es feroz y sin miramientos, lo más seguro es que las corrientes internas o facciones de ese partido, mal llamadas tribus (éstas tienen códigos de honor), nuevamente impidan que las demandas del MIN se cumplan, por lo que se haría efectivo su ultimátum de acrecentar uno, dos, tres Cheranes. Extraña forma de arribar a las autonomías.