Monedero
Por Carmen R. Ponce Meléndez*
México, DF, 14 feb 12 (CIMAC).- ¿Qué es primero? ¿Economía o seguridad? En el país –y para las mujeres– dos temas torales son seguridad y economía, o si se prefiere economía con seguridad; erróneamente se muestran como dos caminos distintos o excluyentes, presentándolos como si fuera una encrucijada, donde hay que tomar una opción única.
Cuando en realidad difícilmente se puede pensar en una economía con desarrollo sin seguridad; o lo que es peor, creer que se pueden resolver los graves problemas de violencia e inseguridad sin solucionar medianamente la crítica situación económica por la que atraviesan millones de mujeres, fuente de desigualdad socioeconómica y de género.
Utilizando la política del garrote, como se pretendió con ese proyecto de Ley de Seguridad Nacional, política que ha producido más de 60 mil muertes e innumerables violaciones a los Derechos Humanos. Como afirma Ernesto López Portillo, con esta concepción la seguridad divide, fragmenta, confronta y debilita a las comunidades en lugar de fortalecerlas (El Universal, 8 de febrero 2012).
Ciertamente no siempre existe una relación directa de causa a efecto, pero las dos problemáticas están dialécticamente entrelazadas; inseguridad y violencia generan más desigualdad con pobreza y viceversa.
En las encuestas que realiza el Banco de México a los analistas económicos del sector privado (enero 2012), la inseguridad pública es uno de los factores que limita el ritmo de la actividad económica; claro, después de motivos económicos como la inestabilidad financiera internacional y la debilidad de los mercados externos y de la economía mundial, así como la ausencia de cambios estructurales (léase reformas fiscal y laboral).
Mientras que en las encuestas a población abierta (Consulta Mitofsky) la seguridad es el segundo problema más importante después de economía, con 44 puntos porcentuales la primera y 51 en economía; tal parece que estos problemas se conciben disociados uno del otro.
No sólo la pobreza es un factor de riesgo para la seguridad,
también la inseguridad es causa de mayor pobreza, especialmente en las mujeres.
Para los especialistas en la medición de la pobreza como Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), las dimensiones para medirla incluyen: 1.Empleo (con énfasis en la calidad); 2.Empoderamiento, y 3.Seguridad física. Forman parte de la declaración Universal de los Derechos Humanos.
Consideran que “la violencia deteriora el desarrollo alcanzado por los países en áreas como educación, salud, empleo, ingreso y provisión de infraestructura. Adicionalmente, la violencia restringe la libertad para vivir seguro y mantiene las trampas de pobreza en muchas comunidades”.
Justamente eso es lo que ha venido sucediendo en México: violencia con desempleo, empleos precarios y pobreza feminizada.
POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y POBREZA
En la última década (2000-2010), en materia de pobreza, las mujeres dominan en todos sus rangos: nacional, urbana, rural e indigencia, conforme al índice de feminización de la pobreza.
Para 2010, por cada 100 hombres en condiciones de pobreza urbana hay 107.2 mujeres en esta situación, (ver gráfica). Las cifras son de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Frente a esta situación, es obligado leer desde una perspectiva de género el informe del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) sobre la situación de la pobreza en México 2011, dado a conocer este mes; aunque claro sería mucho mejor que las cifras de la institución visibilizaran a las mujeres.
Según este informe, en 2010 hay 52 millones de personas en pobreza; respecto a 2008 la cifra creció en 3.2 millones de personas.
La población con pobreza alimentaria aumentó en 4.2 millones entre 2008 y 2010, y hay 11.7 millones en pobreza extrema. Con una desigualdad abrumadora, la diferencia de ingresos entre el nivel más rico y el más pobre es poco más de 25 veces.
En el período analizado son cinco los estados donde se presentó el crecimiento más alto de población en pobreza: Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca y Baja California.
¿De esta población cuántas son mujeres? ¿Cómo se pueden diseñar políticas públicas con una agenda de género para solucionar la feminización de la pobreza, si ni siquiera se conocen las cifras o por lo menos Coneval no las publica?
Para este organismo público la causalidad está en la economía; en su medición multidimensional de la pobreza todavía no se incluye la seguridad física como causal de pobreza. Propone reforzar los ingresos, alimentación y seguridad social.
Desde su perspectiva no se han recuperado los niveles previos a la crisis económica de 2008; ya sea en empleos, ingresos laborales (salarios) o actividad económica, se reconoce que la cacareada estabilidad económica es insuficiente.
También se hace un análisis de largo plazo, muy propio de los tiempos electorales, pero sin mencionar que la continuidad desde la década de los 80 es la política neoliberal, independientemente de la alternancia en el gobierno.
En efecto, la volatilidad en los precios de los alimentos es muy importante para la economía familiar porque genera pobreza alimentaria, pero este fenómeno sería menos importante si los salarios no tuvieran esos incrementos de miseria y pudieran recuperar su poder adquisitivo, se generaran suficientes empleos y, de paso, se regularan algunos precios.
Las mujeres están en la inseguridad física; en el desempleo; con informalidad; los salarios más bajos –tanto en la esfera formal como informal–; con rezago educativo y de salud, carecen de seguridad social.
Por lo consiguiente también están en el universo de pobreza, como bien señalan las cifras de Cepal; es indispensable ampliar y profundizar políticas públicas con una agenda de género.
La seguridad de las mujeres –seguridad ciudadana– es obligación del Estado, permite proteger los Derechos Humanos “universales, inalienables e indivisibles”, y atañe directamente a la libertad, que es la esencia del desarrollo humano (PNUD). ¡Ni una muerta más!
ramona_melendez@yahoo.com.mx
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
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