Dice un dicho que “no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”, tal es el caso con la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en pleno proceso electoral. Entre los partidos de oposición, hay consenso sobre el buen desempeño del funcionario despedido, José Luis Vargas Valdés, cuya imparcialidad parecía estar comprobada. A cinco meses de las elecciones, será imposible que la nueva fiscal, Imelda Calvillo Tello, demuestre no sólo tener los atributos necesarios para el cargo, sino capacidad para estar a la altura de los comicios más complejos de los últimos tiempos.
Tal complejidad no es sólo porque seguramente serán muy reñidos, sino por la proclividad de Felipe Calderón para influir en la vida política nacional, con la finalidad de orientar su curso de conformidad con sus conveniencias. El caso de Michoacán ha sido el más notorio, pero no ha sido el único, como se observó en las elecciones de Coahuila. En ambos casos le falló la estrategia, por diferentes motivos, y se vio obligado a aceptar sendas derrotas que modificaron sus planes. Ni su hermana ni su compadre lograron ser gobernadores, y el desgaste para el inquilino de Los Pinos fue brutal. De ahí que cause escozor la decisión extemporánea de interferir en una tarea que puede ser esencial en el curso de la jornada electoral.
Ante los reclamos hechos al titular de Gobernación, por este relevo injustificado, Alejandro Poiré afirmó: “Quiero hacer el más categórico rechazo a cualquier intento de desprestigio del gobierno federal”. Puntualizó que “no caerá en especulaciones ni en provocaciones”. Obviamente, son sus propias acciones las que le están ganando un fuerte desprestigio al régimen panista. Debió saber que la remoción del fiscal Vargas iba a provocar todo tipo de especulaciones en los partidos y entre la clase política, más aún si no hay una elemental intención de atajarlas con información puntual y precisa.
Sin embargo, aun así Calderón decidió correr el riesgo e hizo un movimiento incomprensible, que sólo puede interpretarse de una manera: quiere contar con una Fepade confiable, dispuesta a cumplir sus órdenes sin chistar, sin cuidar un elemental apego a la legislación en la materia. Esto hace pensar lo peor, o sea que a toda costa quiere que el PAN siga en el poder, al precio que sea, incluso incendiar al país por el descontento que provocaría un fraude monumental imposible de ocultar, incluso contando con la complicidad de los órganos electorales, como puede ser el caso debido al firme rechazo que la derecha habrá de tener entre el electorado.
Esto nos demuestra que se ha caminado para atrás en materia electoral, y que los avances conseguidos en veinte años han quedado hechos polvo por la imposibilidad de que los conservadores entiendan que la democracia consiste en perder o ganar en las urnas, con pleno respeto a los votantes. Así vemos que los tan celebrados avances en este renglón, que incluso fueron motivo de orgullo cuando la primera administración del Instituto Federal Electoral (IFE) cumplió sus tareas de modo encomiable y ejemplar, se perdieron de manera por demás lamentable en muy poco tiempo.
Si los comicios de julio terminaran sin la legitimidad esperada, el futuro de las instituciones electorales quedaría en entredicho. Habría necesidad de empezar de nuevo, desde cero, con los costos que una situación así tendría para la sociedad nacional. De cualquier forma, aun cuando el proceso culminara de manera exitosa, será necesario que el Congreso haga una revisión exhaustiva de la legislación electoral, a efecto de corregir lo que no sirva y aprovechar lo que todavía sea rescatable, pero con la idea de ciudadanizar sin sombra de duda las instituciones respectivas, sobre todo el IFE y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) , con el propósito de que el Ejecutivo no tenga posibilidad de interferir en sus decisiones.
El futuro de la democracia mexicana estará en juego en julio, así como la viabilidad de México como nación progresista, en la que los poderes fácticos tampoco tengan una mínima oportunidad de influir en el curso de los procesos electivos. Sin embargo, esto no parece preocupar a Calderón ni a su grupo de interés.
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