Foto: Félix Reyes
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Primero fue su alegato en contra de la Comisión Federal de Competencia, seguido de una guerra informativa en contra del “monopolio” de Carlos Slim –que nunca vieron cuando antes estaban cercanos al magnate de Telmex-Telcel–, luego un intento de convertir a Grupo Iusacell en víctima de los malos modos del notificador de la CFC, y después la emprendieron en desplegados y en notas en Hechos contra el Grupo Reforma. Ahora dirigen sus baterías contra las empresas de TV por cable, afiliadas o dominadas por su presunto socio, Televisa.
Desde la semana pasada, en el segmento informativo nocturno de Canal 13, en emisiones de Proyecto 40 y con sus replicantes en la prensa, Grupo Salinas ha emprendido una campaña contra el Grupo Reforma, editor de los periódicos Reforma, Metro y Muro, entre otros.
“La verdadera cara del Grupo Reforma” es el título de los segmentos de linchamiento televisivo. TV Azteca repitió y enriqueció el guión que meses atrás aplicó Televisa para atacar al periódico de Alejandro Junco de la Vega. Se trata de exhibirlo como un periódico de “doble moral” porque vende anuncios de masajes y en el Metro publica fotos sensacionalistas.
No terminaba su guerra punitiva contra Reforma cuando se le abrió otro frente conflictivo a la televisora de Ricardo Salinas Pliego que representa, en apariencia, un distanciamiento con Televisa: el cártel de las empresas de televisión por cable, afiliadas o filiales de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, se negaron a pagarle a TV Azteca su paquete de canales en señal abierta.
Las empresas que excluyeron la señal de los canales 13 y 7 son Cablevisión Monterrey, Cablemás y Cablecom, estas tres últimas filiales de Grupo Televisa, así como Megacable, la empresa más grande de televisión por cable, asociada a Televisa en la estrategia de triple play conocida como Yoo.
Lo que ha hecho TV Azteca es lo mismo que ha realizado Televisa: “empaquetar” sus canales de televisión abierta a otros canales, lo cual se traduce en ventas atadas. Una práctica típica cuando no existe ninguna regulación en materia de must offer, es decir, la obligación de todas las empresas de televisión restringida de retransmitir las señales radiodifundidas, entre ellas, las de televisión abierta.
TV Azteca canceló el convenio con las empresas cableras que les ofrecía sus señales de televisión abierta de manera gratuita y ahora pretende cobrarles entre 65 y 80 centavos de dólar por usuario. En otros casos, cobra entre 1.65 y hasta dos dólares a otros grupos, como Dish, filial de MVS, para darles sus señales abiertas.
El punto no es la crítica a otro medio como Reforma o el enfrentamiento con empresas de televisión por cable. Lo riesgoso es que no existe ninguna autoridad que regule o funja de árbitro en esta guerra desatada entre grupos de televisión y de telecomunicaciones que actúan como si fueran cárteles.
Lo mismo sucedió hace un año con el ataque sincronizado de Televisa y TV Azteca a Grupo Carso, en especial a Telcel y Telmex. De pronto, el duopolio televisivo “descubrió” que Carlos Slim es monopolista. De pronto, se envolvieron en la bandera de la disminución de las tarifas de telefonía celular, pero Grupo Iusacell por poco se muerde la lengua.
Lo mismo cuando ambas televisoras acusaron al columnista Miguel Angel Granados Chapa de “calumnias” y otros delirios por haber revelado en enero de 2011 que Televisa y TV Azteca negociaban una sociedad en Iusacell. Lo que negaron ruidosamente, lo confirmaron en abril del mismo año.
La misma sincronización se ha dado ahora que Televisa y TV Azteca han emprendido una campaña contra el Instituto Federal Electoral (IFE) porque “restringe la libertad de expresión” e impedirá los debates en las campañas presidenciales.
El duopolio repite el guión que sus asesores escribieron durante la “rebelión de los conductores” ante el Senado de la República, en 2007, ante la aprobación de la reforma electoral que prohibía la compra de tiempo-aire en épocas electorales.
No es la libertad de expresión lo que les preocupa. Nunca les ha preocupado. Es su libertad de ponerle precio y mercantilizar la información ahora que vienen las campañas electorales y también la mercantilización de las señales de televisión abierta que son concesiones públicas.
El verdadero rostro de las pantallas de la “señal con valor” y del “canal de la familia mexicana” se observa con toda su crudeza sin que ninguna autoridad les ponga un alto, un mínimo extrañamiento.
Televisa y TV Azteca detentan concesiones de un bien público. Eso siempre lo olvidan. Sobre todo, cuando asaltan las instalaciones del Cerro del Chiquihuite, cuando emprenden campañas contra posibles competidores de una tercera cadena o cuando la soberbia les hace creer que esta es una dictadura de pantalla.
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