Adital
La violencia sexual como método de tortura física y
psicológica y como política de Estado victimó a mujeres y hombres durante la
dictadura militar, constituyendo graves violaciones a los derechos humanos y
delitos de lesa humanidad. Para ellas, sin embargo, la crueldad era
intensificada por el hecho de ser mujeres. Declaraciones de las sobrevivientes
ponen en evidencia los múltiples métodos usados por los agentes de la represión:
violaciones, humillación ininterrumpida, desnudamiento forzado, abortos
provocados, separación de sus hijos y tortura contra compañeros y familiares.
El escenario inhumano es detallado en el capítulo "Violencia
sexual, violencia de género y violencia contra mujeres y niños”, del
Informe Final de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), divulgado el último
10 de diciembre. El texto utilizó como base la definición de "discriminación
contra la mujer” de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), definida como toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo y que tenga por objeto o resultado
perjudicar o anular el reconocimiento, gozo o ejercicio por la mujer de los
derechos humanos y libertades fundamentales.
Lucía Murat, contó en declaración a la CNV, en mayo
último, haber sido víctima de tortura sexual, y que podría haber provocado su
propia muerte, en el caso que intentara protegerse. "Yo permanecía desnuda, con
la capucha en la cabeza, una cuerda alrededor del cuello, pasando por la espalda
hasta las manos, que estaban atadas atrás de la cintura. Mientras el torturador
permanecía tocando mis senos, mi vagina, penetrando con el dedo la vagina, yo permanecía
imposibilitada de defenderme, pues si movía mis brazos para protegerme, me
ahorcaba e, instintivamente, volvía atrás”.
Basado en testimonios como el de Lucía ante los
investigadores del grupo de trabajo "Dictadura y Género”, la CNV constató que
la violencia sexual practicada por agentes públicos ocurría en forma
diseminada, con registros que coinciden con las primeras detenciones,
inmediatamente después del golpe de Estado, constituyendo instrumento de
tortura y violación de los derechos humanos.
"Inserta en la lógica de la tortura y estructurada en
la jerarquía de género y sexualidad, la violencia sexual relatada por
sobrevivientes de la dictadura militar constituye abuso de poder no sólo si
consideramos poder como la facultad o la posibilidad del agente estatal de infligir
sufrimiento, sino también el permiso (explícito o no) para hacerlo. Fue así
que, rutinariamente, en los espacios en que la tortura se convirtió en un medio
de ejercicio de poder y dominación total, la feminidad y la masculinidad fueron
movilizadas para perpetrar la violencia, traspasando todos los límites de la
dignidad humana”, se describe en el texto.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, citado por el
documento, la agresión sexual, esclavitud sexual, prostitución, embarazo y
esterilización forzada, o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad
comparable constituyen delitos de lesa humanidad.
Prácticas como detención arbitraria y tortura,
mediante choques eléctricos en los órganos genitales, golpes en los senos y en
el estómago para provocar aborto o afectar la capacidad reproductiva, introducción
de objetos y/o animales en la vagina y/o anos y choque eléctrico en los
genitales fueron cometidos contra las mujeres detenidas en diversos lugares:
Deic (Departamento Estadual Investigación Criminal), DOI-Codi (Destacamento de
Operaciones de Informaciones – Centro de Operación de Defensa Interna), Dops
(Departamento de Orden Política y Social), Base Aérea de el Galeão, batallones
de la Policía del Ejército, Casa de la Muerte (Petrópolis – Río de Janeiro),
Cenimar (Centro de Informaciones de la Marina), Cisa (Centro de Informaciones
de la Aeronáutica), comisarías policiales, Oban (Operación Banderante), hospitales
militares, presidios y cuarteles. La violencia sexual en esos lugares era
empleada como arma.
Las mujeres, militantes o no, incluyendo religiosas,
eran tenidas como merecedoras de violaciones por los militares, formados en una
óptica sexista y homofóbica. Para las militantes, sin embargo, la situación se
agravaba. En su contra la tortura también era empleada para arrancar delaciones
sobre novios, maridos y compañeros. Entre las parejas presas, era común que la
mujer fuese violentada en frente del compañero, inmovilizado en el palo de
arara y también víctima de violencia.
Marcia Basetto Paes relató a la CNV la tortura sufrida
cuando fue detenida con Celso Giovanetti Brambilla por el Deops/SP, el 28 de
abril de 1977. "En la cuestión de la mujer, la cosa era peor porque… quiere
decir peor, era peor para todo el mundo, no había nada mejor para nadie. Pero
[...] existía una intención de la humillación hacia la mujer. Entonces, el
choque eléctrico en la vagina, en el ano, en los pezones, alicate en el pezón,
entonces… eran las cosas que ellos hacían. Muchas veces, yo fui torturada junto
a Celso Brambilla porque sustentamos la cuestión de que éramos novios. Ellos
usaron, obviamente, esa situación, ese vínculo, supuesto vínculo, además de la
militancia, que sería un vínculo afectivo también, en la tortura”.
La maternidad también era usada como instrumento de
desestructuración de las mujeres. Amenazas a los hijos recién nacidos, inyecciones
para cortar la leche de las lactantes y separación compulsiva de los niños eran
frecuentes. "Mutilaciones en los senos privaron a las madres de amamantar a sus
bebés. Úteros quemados con choques eléctricos convirtieron a muchas mujeres en
estériles o de llevar adelante una gestación”, se revela en el documento.
Con menos de dos años de edad, la hija de Eleonora
Menicucci de Oliveira, actual ministra jefe de la Secretaría de Política para
las Mujeres de la Presidencia de la República, entonces militante, fue
amenazada con el uso de choques eléctricos, por Lourival Gaeta. "Un día, ellos
me llevaron a un lugar, que hoy yo ubico como la sede del Ejército, en
Ibirapuera. Allá estaba mi hija de un año y 10 meses, sólo con pañales, en el
frío. Ellos la ponían delante de mí, gritando, llorando, y amenazaban con darle
choques eléctricos. (…) Hasta después de salir de la cárcel, casi tres años
después, conviví con el miedo de que mi hija fuese agarrada”.
Muchas víctimas fatales de la dictadura fueron sometidas
a la violencia sexual antes de desaparecer o de ser asesinadas. Fue el caso de
Anatalia de Souza Melo Alves, que tuvo los órganos genitales quemados, antes de
su muerte, en enero de 1973, en el lugar donde funcionaba la Sección del
Comisionado de la Delegación de Seguridad Social de la Secretaría de Estado de
los Negocios de Seguridad Pública, en Pernambuco.
En el informe se señala también las marcas permanentes
dejadas a las mujeres que sobrevivieron a la tortura: miedo, vergüenza, angustia
e interferencia en las decisiones sobre los rumbos de su propia vida.
"El hecho de que los delitos hayan sido cometidos por
agentes públicos encargados de proteger a la sociedad, la vida y la integridad
física de sus ciudadanos hizo aumentar el sufrimiento de la mayoría de los
sobrevivientes que, aún hoy, sufren al lidiar con el estigma en torno de los
delitos sexuales, la indiferencia de la sociedad y la impunidad de los
violadores”, se señala en el documento.
Ésta es la realidad de Cristina Moraes Almeida,
detenida por primera vez a los 19 años, en 1969. En las sesiones de tortura,
sufrió mutilaciones en la región del tórax y en los senos y tuvo la pierna
despedazada por un taladro.
"Yo quiero olvidar. Pero te pregunto: ¿cuál es el
profesional, en psicología, que va a disipar esas marcas? No hay. No hay. Y,
hoy en día, ellos [torturadores] dicen: ‘yo no se, yo no vi, no me comprometa’.
Mire, tachar de torturador es un elogio. Asesino en serie, sin sombra de duda.
[...] Yo quiero salir de este capítulo. Porque lo estoy viviendo como si fuese
ayer”.
La feminista Maria Amelia de Almeida Teles, Amelinha, fue detenida en la
Operación Bandeirante (Oban) con su marido César, en 1972, cuando era militante
política. En la prisión, fue torturada y tuvo la maternidad usada en su contra
al tener sus niños, Janaína y Edson, raptadas en la Operación Bandeirante y
llevadas a la sala de tortura para presenciar la violencia sufrida por la
pareja en la prisión. Al ver el lanzamiento del informe final de la CNV, ella
espera que la justicia sea cumplida para las víctimas.
"La violación era usada ampliamente. Muchas mujeres
fueron violadas y yo diría que las que fueron asesinadas o están desaparecidas sufrieron
violencia sexual como forma del enemigo, "del estado”, de declararse dueños de
su cuerpo, con poder político y social sobre ella. Durante la dictadura
Militar, fue grande el número de declarantes víctimas que denunciaron las
violaciones y nosotros en el movimiento feminista entendemos que la violación practicada
por un agente del Estado en pleno ejercicio de su función como una acción
represiva debe ser considerada una violación de derechos humanos y delitos de
lesa humanidad, por lo tanto, delitos imprescriptibles que deben ser
debidamente castigados como está previsto en los tratados internacionales”.
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