José Gil Olmos
MÉXICO,
D.F. (apro).- La corrupción y la impunidad, con las consecuentes
acciones de injusticia, enriquecimiento ilícito y violencia desde el
gobierno, son las marcas que Enrique Peña Nieto ha dejado tras de sí
desde que era gobernador del Estado de México y ahora como presidente
de la República.
Eso, además de su incapacidad para enfrentar los retos más
complicados y apremiantes, han traído como consecuencia la crisis de
gobernabilidad más profunda de los últimos años, que podría agravarse
en los siguientes meses si no se logra solventar los problemas
económicos y financieros por los que atraviesa México y que se ven
reflejados en la devaluación diaria del peso frente al dólar, la falta
de crecimiento económico, el escaso nivel de empleo y la inflación
soterrada que día tras día se impone a la canasta básica de millones de
familias.
Peña Nieto ha encabezado una serie de reformas a la Constitución,
pero ninguna de ellas con beneficios a la sociedad. Al contrario, están
destinadas a favorecer a los empresarios nacionales y a las grandes
compañías extranjeras, las únicas con posibilidades de sacar provecho a
la apertura de los sectores energético y de telecomunicaciones.
Esta serie de reformas constitucionales eran consideradas el logro
más importante de su gobierno, pero cuando festejaba su mejor momento
en foros internacionales, varios hechos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa
y Michoacán, así como los escándalos de corrupción de su esposa
Angélica Rivera y del titular de la Secretaría de Hacienda, Luis
Videgaray, mostraron el verdadero perfil de la administración peñista y
su declive en apenas dos años en Los Pinos.
Corrupción, impunidad, violencia e injusticia han sido las marcas de
lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que insiste en mantenerse
en la burbuja de confort y beneplácito que se construyó con la ayuda de
sus aliados, los empresarios de algunos de los medios más poderosos
como Televisa.
No es casual entonces que en estos días se declarara inocente de
enriquecimiento ilícito a Raúl Salinas de Gortari, y que a Arturo
Montiel –tío de Peña Nieto– no se le investigue por la cuantiosa
fortuna que sacó de las arcas mexiquenses cuando era gobernador.
Tampoco extraña que se quiera deslindar a la esposa de Peña,
Angélica Rivera, de la cuantiosa riqueza que posee en propiedades
dentro y fuera de México, como también la tiene el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, y otros personajes cercanos al presidente
emanado del grupo Atlacomulco.
Igualmente que no se haya aprobado el Sistema Nacional
Anticorrupción, con la consecuente Fiscalía que estaría encargada de
vigilar los casos de desvío de recursos, aprovechamiento o
enriquecimiento ilícito del gobierno peñista.
Y es que si se aprueba un sistema que vigile e investigue los actos
de corrupción del actual gobierno –como de los anteriores–, los
negocios personales, las riquezas inexplicables y las transas que
cotidianamente hacen funcionarios de todos los niveles se acabarían y
muchos de ellos tendrían que ir a la cárcel.
Los signos de descomposición del gobierno de Peña Nieto se han mostrado antes de lo que se esperaba.
Twitter: @GilOlmos
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