Política ZoomRicardo Raphael
Si el jefe del Ejecutivo o los liderazgos de los partidos políticos trataran de influir en el nombramiento de la futura presidencia de la Corte, las consecuencias serían nefastas
Si el jefe del Ejecutivo o los liderazgos de los partidos políticos trataran de influir en el nombramiento de la futura presidencia de la Corte, las consecuencias serían nefastas
Mientras diciembre corre cargado de fiestas y distracciones, los ministros de la Suprema Corte de Justicia están encerrados en un cónclave para nombrar a la persona que ocupará el cargo más importante en el Poder Judicial mexicano a partir del próximo mes de enero.
A diferencia del Legislativo y del Ejecutivo, cuyos integrantes se eligen por mayoría de votos en las urnas, en este caso sólo hay diez electores, entre los cuales está la persona que obtendrá la nominación.
Tendrían que ser once, pero la muerte reciente del ministro Sergio Valls colocó la decisión en un número par de individuos. Nada impide que el proceso se enrede dejando a la Corte partida por mitad.
Para complicar las cosas, a seis de los diez ministros actuales se les ocurrió la peregrina idea de presentarse simultáneamente como aspirantes.
No es buen tiempo para que en México también la SCJN entre en crisis. Los campos de la República están minados y pocas cosas serían más riesgosas que ver también incendiado al Poder Judicial.
Alguien debería permanecer como el adulto en casa y esa tarea la tienen en última instancia los jueces. Al no participar de la política electorera o partidaria, ellos resultan ser la representación del Estado y no sólo de sus partes.
Sin embargo, de este cónclave se deriva más de un riesgo y es que los demás poderes podrían estar muy interesados en contar con una Corte a modo.
Entre todos los peligros que acechan, la interferencia externa es el más inquietante. Si el jefe del Ejecutivo o los liderazgos partidarios trataran de influir en el nombramiento de la futura presidencia de la Corte, las consecuencias serían nefastas.
Así fue durante demasiados años en nuestro país hasta que a mediados de los años noventa del siglo pasado una cirugía mayor a la Constitución colocó garantías fuertes para proteger la independencia del Poder Judicial.
Desde Ernesto Zedillo no ha habido otro presidente que se atreva a interferir con la organización y el funcionamiento de la Corte. La reforma de aquel presidente de la República permitió blindar al Poder Judicial de la politiquería que tanto enloda a los demás actores del Estado.
No obstante, por estos días se escucha en los pasillos de la vida pública mexicana a un ministro que con orgullo se presume como el candidato de Enrique Peña Nieto.
Cabe suponer que el habitante de Los Pinos nada tiene que ver con ello, porque sería una torpeza política mayúscula que éste quisiera echar atrás las manecillas del reloj.
No son convenientes los tiempos para errar así, sobre todo cuando se tiene encima a la opinión pública internacional por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se cometen en el país.
El equívoco pareciera ser sólo responsabilidad de ese ministro —el más inexperto— quien supuso que el resto de sus colegas correría a apoyarlo igual a como sucedía en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz.
Es previsible más bien lo contrario, que el conjunto de ministros consolide el espíritu de cuerpo frente a toda intromisión ajena a la Corte.
Muy probablemente el voto clave en este proceso será el del ministro Juan Silva Meza; el contexto lo ha vuelto el fiel de la balanza.
Si el presidente saliente de la SCJN se decide por un juez de carrera tienen posibilidades Luis María Aguilar y Margarita Luna Ramos. En cambio, si opta por un jurista formado fuera del Poder Judicial, pero con experiencia dentro de la Corte, entonces los ministros Arturo Zaldívar o Fernando Franco podrían obtener el nombramiento.
En cualquier caso, quien vaya a ocupar ese cargo necesita contar con un conocimiento largo —sea como juez o como abogado litigante— en la vida de los tribunales y los juzgados.
Debe conocer bien la justicia y a la vez contar con la distancia que se requiere para luchar contra la ineficiencia, lentitud y corrupción incubadas en las oficinas donde ésta se produce. Además, debe ser un operador capaz de conducir el aterrizaje de la reforma penal que durante los próximos años echará a andar los juicios orales.
ZOOM: En este proceso el voto del presidente sí importa; el del presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Juan Silva Meza.
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