12/26/2014

Silencio a punto de estallar



A los Mártires de Acteal, hace 17 años.

A tres meses de Ayotzinapa, y seguimos esperándolos vivos. “Estamos de luto, somos el llanto de nuestros muertos, somos sangre derramada sobre la tierra fértil, somos el silencio que está a punto de estallar. Hoy no reconocemos el suelo que pisamos, la lluvia que cae no limpia los errores, nuestros ojos no limpian la verdad, vivimos vendados, vivimos vendidos, con el vapor de nuestros cuerpos hablamos”. Es un poema escrito por la bailarina Sonia Jiménez y leído por Daniel Castillo la noche del jueves pasado en el estreno de la temporada del célebre ballet navideño “El cascanueces”, en el Auditorio Nacional. “Poco antes del inicio, el recinto se llenó de niños y jóvenes que, con sus padres, tías y/o abuelas, acudían a la escenificación del cuento con música de Tchaikovsky. Antes de que los bailarines y bailarinas de la Compañía Nacional de Danza salieran a escena, uno de ellos, Daniel Castillo, habló en nombre de sus compañeros, de Tlatelolco y Ayotzinapa. Lo hizo mientras otros danzantes sostenían dos mantas, una con el hashtag #Yamecansé y otra con un silencioso grito: Basta de impunidad. ‘México está de luto –dijo Castillo– por una impunidad insostenible y desgarradora que se ha convertido en la historia diaria y que vulnera a nuestra ciudadanía’”. En medio de fuerte ovación, los integrantes salieron del escenario y poco después regresaron para iniciar el ballet. 

Este es uno de los ejemplos, de muchos, donde los artistas en sus variados géneros exigen justicia en el caso de Ayotzinapa y protestan contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por su ineptitud manifiesta, empezando por la del procurador, muy cansado desde siempre, Jesús Murillo Karam. Las protestas de artistas y ciudadanos se han dado en México y en muchas partes del mundo en solidaridad con los padres, madres y parientes de los estudiantes desaparecidos y asesinados en Iguala, Guerrero. Nunca antes se ha visto tal manifestación internacional solidaria con el dolido pueblo mexicano y sus legítimas aspiraciones por una Nación libre de violencia social extrema, libre de flagrante impunidad y corrupción gubernamental, y de cárteles terroristas asociados con las altas esferas del poder político. Si para ello se requiere más sangre, sudor y lágrimas, el pueblo, el pueblo trabajador, lo hará, sin duda. Empiezan a confrontarse visiblemente dos proyectos de Nación opuestos totalmente en sus intereses económicos, políticos, sociales, educativos y culturales. Uno es el proyecto ya conocido desde hace tres décadas; tres décadas perdidas para el grueso de la sociedad, pero bien ganadas para una ínfima minoría oligárquica criolla y extranjera. 

El neoliberalismo en su versión más violenta y explotador que enarbola el poder y el dinero es el proyecto actual de país que pregona y defiende el gobierno de Peña Nieto, es el proyecto autoritario de los grandes capitales locales y foráneos; y este es el que ha llevado al país al despeñadero. El proyecto alternativo pretende reconstruir la Nación sobre la base de principios políticos democráticos, realmente representativos de los intereses de la mayoría de la población trabajadora mexicana, la de abajo, la que está siendo ultrajada, oprimida, explotada, vilipendiada, asesinada, desaparecida, secuestrada, violentada en sus derechos humanos, laborales, educativos, políticos y culturales. Este proyecto pretende construir una Nación soberana, libre e independiente de todas aquellas fuerzas del mal imperialista vecino y ultramarino. México, al parecer, en el marco de una globalización rampante, está en vías de ser un país semicolonial y dependiente a uno enteramente colonial cuyo Estado represente sólo los intereses capitalistas extranjeros asociados a los de una burguesía criolla supeditada a los dictados de los grandes corporativos financieros metropolitanos y a sus enclaves políticos, empezando por Washington y la Casa Blanca; porque la casa blanca de aquí solamente quedó en una remedo grotesco de una pareja presidencial en el frenetismo de una corrupción descarada. 
México está siendo desgarrado por una hiperviolencia inducida por los seis últimos gobiernos federales. Vivimos la peor crisis de violencia social desatada posrevolucionaria, expresión de una profunda crisis del régimen político priista, que no quiere ni desea cambiar las cosas actuales. La guerra “antinarco” triplicó la criminalidad. El Índice de Paz Global (IPG) ubicó a México entre los diez países con mayor retroceso en cuanto a niveles de violencia, al triplicar sus tasas de criminalidad desde 2008, al comenzar la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón [MILENIO, 22/12/2014]. Misma “guerra” que continua empecinado Peña Nieto, a pesar de su rotundo fracaso, evidenciado más con los recientes sucesos de Michoacán. La “guerra” es negocio. La restauración del poder priista, a dos años, se ha dado bajo el terror de un régimen político experto en la violación de los derechos humanos, ahora queriendo iniciar el año con la política del borrón y cuenta nueva, la del olvido fácil de la masacre de Iguala y con las promesas ilusorias democráticas de un proceso electoral plagado de transas entre la partidocracia sistémica corruptísima. 

A tres meses de la matanza de Iguala, la Asamblea Nacional Popular celebrada en Ayotzinapa hizo un llamado a boicotear las próximas elecciones, así como continuar con la exigencia de la destitución inmediata de Peña Nieto, la aparición con vida de los normalistas y la construcción de una nueva Constituyente. Demandas muy legítimas. La disputa por la Nación apenas inicia, y tarde o temprano la alternativa popular democrática vencerá.

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