Miguel Carbonell
Aunque habrá muchas personas que piensen que la noticia más relevante del año fueron los hechos de Iguala y la (presunta, hasta el día de hoy) masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa, yo creo que más bien lo que debe ser considerado como el campanazo informativo de 2014 fue el reportaje alrededor de la llamada casa blanca en la que vive Enrique Peña Nieto y el descubrimiento de la maraña de intereses que puso al descubierto esa investigación.
Las noticias sobre la casa del Presidente y de su cónyuge parecen haber inaugurado una nueva etapa de la forma en que se hace periodismo en México, incidiendo en un aspecto que hasta hace poco se consideraba exclusivo de la vida privada de los funcionarios: sus propiedades inmobiliarias.
De hecho, si los periodistas deciden seguir por esa senda y comienzan a investigar a fondo el patrimonio inmobiliario de políticos, saltarán muchas sorpresas. En los días recientes un acucioso seguimiento de EL UNIVERSAL ha puesto contra las cuerdas al impresentable delegado de Iztapalapa, que gobierna sobre una de las demarcaciones con mayor pobreza del Distrito Federal, pero que conduce una camioneta blindada de cientos de miles de pesos y vive en una de las colonias más caras de la capital. De hecho, el delegado Valencia debería ya haber renunciado, no sólo por el patrimonio inmobiliario en el que vive (que en sí mismo es de dudosa procedencia) sino por manejar sin estar probablemente al 100% de sus facultades y hacerlo además mientras mandaba mensajes de texto. Es una vergüenza que siga en su cargo y que pretenda seguir viviendo de los impuestos que pagamos los ciudadanos.
El escándalo de la casa blanca, por otro lado, trajo consigo una muy sana discusión sobre la publicidad que debe darse a las declaraciones patrimoniales y los datos que deben contener.
Al calor de la controversia generada por la vivienda en la que habita, el Presidente dijo que iba a hacer pública su declaración patrimonial “completa” (ya era pública una versión resumida o, al parecer, no tan detallada). Nada más que olvidó añadir los bienes de su cónyuge y de sus dependientes económicos, así como dar una explicación amplia y suficiente de la forma en la que con una carrera política como la suya es posible amasar un patrimonio de 45 millones de pesos. Los sueldos conocidos que ha tenido el Presidente en los años recientes no alcanzan para eso. O a lo mejor sí, pero habría que detallarlo, de la misma forma que merecería también una explicación rigurosa el concepto que el Presidente tiene de los llamados “conflictos de interés”.
Si en Francia se supiera que Francois Hollande vive en una casa que le fue vendida en condiciones bastante ventajosas por el dueño de la empresa que le vende armas a su gobierno, o de la que le provee de medicamentos a los hospitales públicos, o de la que construye carreteras y puentes, seguramente habría un escándalo mayúsculo. ¿Y si se descubriera que Michelle Obama obtuvo de un contratista del Departamento de la Defensa una casa en Manhattan de 7 millones de dólares? ¿No tendría que salir el presidente (él mismo, no enviar a su esposa a hacer una declaración patética por medio de un video) a dar explicaciones?
Es probable que nada vuelva a ser como era para Enrique Peña Nieto luego de que se descubrió el escándalo de la casa blanca. Su prestigio ha sido afectado, igual que su legitimidad para tomar decisiones que puedan ser difíciles. Y lo peor de todo es que no parece ser el único del gobierno en estar frente a un dilema tan serio. Además del caso del Presidente seguirán otros con toda seguridad, si se sigue haciendo buena investigación periodística.
Investigador del IIJ de la UNAM.
@MiguelCarbonell
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