Iniciativa Mérida
Noticias PIA
Agentes
del FBI investigando en Iguala, promesas de “cooperación” del embajador
de Estados Unidos en el estado de Guerrero y fuerte respaldo a la
militarización anunciada por el Ejecutivo Nacional de México. Anuncios
de “ayuda en seguridad” desde Washington lanzadas bajo la Iniciativa
Mérida que abrazó el ex presidente Felipe Calderón y continúa Enrique
Peña Nieto.
En el marco de la Iniciativa Mérida, poco días
después de la masacre y secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa,
llegaron a Iguala efectivos de la Oficina Federal de Investigación
(FBI) de Estados Unidos para llevar a cabo tareas forenses, confirmó el
subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio
Alcocer, citó La Jornada.
Agregó que la injerencia de los federales estadounidenses era
reconocida por el titular de la Procuraduría General de la República
(PGR), Jesús Murillo Karam, que lleva a cabo la investigación desde el
Gobierno Nacional, con fuertes críticas de familiares de los
normalistas y organizaciones políticas locales.
La semana
pasada, el embajador de EEUU en México, Anthony Wayne, se reunió con el
gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez –designado por Peña
Nieto tras la masacre-. “Los dos hablaron sobre las posibilidades de
asistencia por parte del gobierno de los Estados Unidos a Guerrero bajo
la Iniciativa Mérida que trabaja en coordinación con el gobierno
federal”, sostuvo la embajada en un comunicado. El argumento de Wayne,
fue que su país “apoya los esfuerzos de Guerrero para construir una
cultura de paz y de estado de derecho en ese Estado”.
Semanas
atrás, un medio estadounidense confirmó un caso que supera el
asesoramiento para pasar a la acción en territorio mexicano: Agentes
del Departamento de Justicia de Estados Unidos participan encubiertos
en operativos en México, armados y vestidos con uniformes como
militares de la Marina. De acuerdo a un artículo del The Wall Street Journal (WSJ).
Las “operaciones antinarcóticos” se llevan a cabo alrededor de cuatro
veces al año y en ella intervienen efectivos especialistas del Servicio
de Alguaciles de Estados Unidos que depende del Departamento de
Justicia. A su vez, cuentan con apoyo de agentes del Federal Bureau of
Investigation (FBI) y la Drug Enforcement Administration (DEA).
La
Iniciativa Mérida fue firmada en 2008 por el entonces presidente
mexicano Felipe Calderón y su homólogo estadounidense Gergoe W. Bush, y
prevé un fondo de dinero que hasta el momento alcanzó los 1,2 mil
millones de dólares a México en equipamiento de seguridad, precisó la
embajada de EEUU. Además de la militarización, apuesta a una fuerte
injerencia en la estructura institucional, principalmente en materia
judicial y de seguridad.
En términos de militarización, “se
expresa en guerra irregular con espionaje, contraespionaje, fuerzas
especiales y contrainsurgencia ante un enemigo interno que opera entre
los civiles, como dice el Pentágono, asignando a las Fuerzas Armadas de
México tareas de represión interna, sin mayor efecto sobre lo que dice
querer erradicar”, explica el investigador mexicano John Saxe-Fernández.
En
ese marco, a principios de diciembre el Gobierno de Enrique Peña Nieto
lanzó un “plan de seguridad especial de seguridad” combina al Ejército,
la Marina y la Policía Federal en la región conocida como Tierra
Caliente que abarca 36 municipios de Guerrero, Michoacán, Estado de
México y Morelos identificados como de “alta criminalidad”. La nueva
fase de militarización coordinada por la Secretaría de Defensa –bajo el
argumento de “lucha contra el crimen organizado”- fue rápidamente
respaldado por el gobierno de Estados Unidos a través de la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf.
El operativo había sido anunciado por el presidente Peña Nieto el pasado 27 de noviembre en la presentación de diez medidas
que giraron en torno a seguridad y reformas en la administración
institucional. Acorralado por la movilización popular que exige su
renuncia tras la masacre y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa,
los anuncios del Ejecutivo Nacional prometieron mayor presencia
policial y carga la responsabilidad sobre las alcaldías en un intento
por distender la crisis de autoridad política.
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