Los ahorradores con inversiones superiores a los 131 mil pesos tendrán que esperar a la venta de activos y recibir únicamente “la parte proporcional” del dinero recuperado.
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Después del atraco a más de 6 mil 800 ahorradores de Ficrea queda en evidencia la inutilidad de pomposas instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
Sirven únicamente para encubrir y solapar fraudes millonarios y hasta otorgar licencia a seudobanqueros para robar.
Es inadmisible que de la noche a la mañana los ahorradores de Ficrea hayan perdido sus recursos económicos invertidos por muchos años y éstos se hayan esfumado de la noche a la mañana. Inadmisible que las autoridades bancarias hayan respondido de manera balbuceante, ante airados reclamos, con un: “Usted disculpe, sólo podemos hacer lo que la ley nos obliga”.
Estos atracos sólo ocurren en un país como México donde se permite la impunidad en todos niveles. Ahora resulta que ningún funcionario es responsable y que todo se solucionará con una denuncia penal, con pagar una pequeña parte de lo invertido a los defraudados, porque así está la ley, y ni modo. Ellos dicen:
-Son ellos (los dueños de Ficrea) los responsables y no nosotros (los funcionarios de Hacienda). Nosotros cumplimos con la ley.
Pero nadie cree este tipo de argumentos oficiales. Suenan a complicidad, a corrupción y lo menos a ineptitud.
El argumento de los funcionarios hacendarios es que la (inútil) ley sólo ampara el pago de 25 mil UDIS (unidades de inversión) aproximadamente unos 131 mil pesos, en caso de quiebra (pero no hay informes de que este proceso legal se haya iniciado), y que protegerá únicamente a unos 2 mil 500 ahorradores.
Los demás ahorradores con inversiones superiores a los 131 mil pesos (a ver cómo se las arreglan) tendrán que esperar (¿cuánto tiempo?) a la venta de activos y recibir únicamente “la parte proporcional” del dinero recuperado. Los funcionarios dicen que el pago ocurrirá “en el menor tiempo posible”; pero ellos saben que este tipo de transacciones no tienen un plazo definido de terminación y que este proceso pueden tardar años.
¿Qué responsabilidades tiene entonces la CNBV dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al ocurrir estos atracos y todo siga como si nada? Supuestamente vigilar este tipo de sociedades bancarias, mandar inspectores y revisar (¿?) papeles y más papeles, reportes y más reportes de operación. Pero nada de esto funcionó. O les tomaron el pelo por ineptos o no mandaron a nadie a supervisar o los que enviaron se corrompieron para quedarse con el botín o repartirlo con los superiores. No hay otra explicación.
No pueden venir estos funcionarios de cuello blanco a lavarse las manos y echarle la culpa al ladrón. En este país la corrupción y los atracos existen porque la autoridad lo permite y lo solapa. Hasta la ineptitud es corrupción.
Dicen los funcionarios de la CNBV, con tal desparpajo (porque no es dinero suyo el que se hurtó), que no será posible que los ahorradores de Ficrea recuperen la totalidad de sus inversiones “porque el dinero se lo llevaron (los dueños de esa institución) y se compraron casas y otros bienes. Dos mil 700 millones no están”.
¿Qué hace entonces la CNBV para vigilar esas operaciones? Es una institución de papel, con funcionarios que puntualmente cobran su quincena con altos salarios pero que no los devengan. Son estas omisiones, ¿complacencia, ineptitud o complicidad con los dueños de Ficrea?
Los funcionarios de la CNBV se han apresurado a decir que existe una denuncia penal ante la desacreditada Procuraduría General de la República (PGR), pero lo más correcto que deberá realizar su titular Jesús Murillo Karam es iniciar las investigaciones en las acciones u omisiones de los funcionarios públicos implicados en supervisar esas casas de ahorro.
No es concebible que las autoridades hacendarias no se hayan percatado de la triangulación de recursos millonarios, como ahora se ha hecho público en empresas creadas exprofeso para burlar la ley. No es posible que estas empresas Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial recibieran de Ficrea transacciones de la nada y la autoridades estuvieran tan campantes.
No se puede echar la culpa todo a una ley que posibilita el fraude bancario en perjuicio de miles de ahorradores; las investigaciones penales deben alcanzar a todas las personas implicadas, incluidos los funcionarios hacendarios que ahora se hacen los desentendidos. ¿Pero quién responderá a los ahorradores?
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
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