Gloria Leticia Díaz
MÉXICO,
D.F. (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) que investiga el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos recomendó al gobierno de Enrique Peña Nieto continuar con
la búsqueda de los estudiantes, y al Poder Judicial le pidió
reclasificar el delito como desaparición forzada.
En su primera conferencia de prensa, Ángela Buitrago, Carlos
Beristain y Francisco Cox, dieron cuenta de los primeros avances de sus
indagatorias, luego de 19 días de trabajo en México.
Los expertos del GIEI –creado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en acuerdo con los familiares de las víctimas,
sus representantes y el Estado mexicano– presentaron un documento en el
que expusieron las primeras peticiones al gobierno federal.
También destacaron los avances en los cuatro puntos incluidos en su
mandato: proceso de búsqueda, investigación criminal, atención a las
víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada.
Los especialistas aseguraron que la Procuraduría General de la
República (PGR) no ha obstaculizado su trabajo, pero se abstuvieron de
hacer consideraciones sobre la “versión histórica” enunciada por el
exprocurador Jesús Murillo Karam y sobre la percepción generalizada de
que el gobierno de Peña Nieto pretende dar carpetazo al caso.
A unos días en que se cumplan seis meses del ataque a los
normalistas, los expertos solicitaron un “copia digital del expediente
que se encuentra en la PGR, tratar el caso como desaparición forzada,
establecer un dispositivo de atención médica para los familiares de la
zona y contar con una segunda evaluación neurológica urgente para el
normalista Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado de coma, además
de resguardar toda la información relevante y continuar con la
búsqueda”.
El jurista chileno Francisco Cox recordó que dado que la existencia
del GIEI deviene de medidas cautelares por desaparición forzada, y
tanto en el ámbito nacional como internacional el delito subsiste hasta
que no exista evidencia absoluta de que hay un cambio de calificación a
nivel internacional, “nosotros estaremos porque se mantenga la
búsqueda”.
Para ello, añadió, “hemos dicho que se requiere que todas la
autoridades que tienen información sobre los presuntos grupos
implicados y sobre el modus operandi, se la entreguen a quienes están
realizando la búsqueda, y que esa información sea el foco de búsqueda”.
Carlos Beristáin, psicólogo español, apuntó que la búsqueda de los
jóvenes debe continuar “porque no tenemos certeza de lo que ha pasado
con los 43 normalistas. Sigue siendo una demanda presente y fehaciente
de los familiares y creemos que hay que dar respuesta a esa cuestión”.
Sobre la clasificación del delito por el que se ha consignado a 99
personas por secuestro, homicidio y delincuencia organizada, Ángela
Buitrago puntualizó que para los expertos resulta evidente que el caso
de los 43 normalistas encuadra jurídicamente con desaparición forzada y
tiene implicaciones internacionales para el Estado mexicano.
La jurista colombiana explicó que hablar de homicidio, secuestro o
delincuencia organizada “no involucra bienes jurídicos internacionales.
Aquí las consideraciones del orden de delitos de lesa humanidad implica
que interesa a toda la humanidad (…) no estamos pidiendo que sea
desaparición forzada por esta característica, sino que vemos elementos
que estructuran el delito de desaparición forzada”.
Agregó que han señalado a las autoridades ministeriales que para
trabajar sobre la base “de la convencionalidad internacional y para
tratar estos temas como desaparición forzada, independientemente de las
otras consideraciones que se tengan, los otros delitos son
especializados o comunes, pero no con las características y la
importancia de protección a la vida, a la integridad, sobre todo de la
dignidad de la persona humana”
Francisco Cox apuntó que en la entrevista que sostuvieron con el
Ministerio Público responsable del asunto, éste les dijo que “intentó”
procesar a los detenidos por desaparición forzada “pero que habría sido
más bien el juez quien había desestimado dicha calificación. Por eso,
respetando la independencia del Poder Judicial –añadió–, recomendamos
que los jueces juzguen estos hechos como desaparición forzada. Por lo
tanto, desde el punto de vista de la PGR en ese aspecto concreto
tenemos una sincronía en la calificación jurídica”, apuntó.
Entre los pendientes que quedaron en este primer proceso de análisis
se encuentra la solicitud de entrevistar a todos los efectivos del 27
Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, toda vez que a algunos no
se les ha tomado aún su declaración.
Cuando los reporteros preguntaron si la intención de interrogar a
los militares significaba que habrían identificado alguna participación
de las tropas del Ejército en la desaparición de los estudiantes,
Beristáin aseguró que “no hay ninguna interpretación sobre el papel de
nadie en el proceso de la desaparición, sino que necesitamos recabar
esos datos para tener una información más completa que nos permita, a
partir de ahí, tener una opinión más fundada recogida de las diferentes
partes”.
Beristáin reconoció que “México está viviendo una situación de
derechos humanos en términos de personas desaparecidas muy dura. El
hecho de que estemos aquí responde en parte a la voluntad de las partes
a articular mecanismos que ayuden a enfrentar esa situación que se está
viviendo, obviamente centrarnos en el caso Ayotzinapa, también con un
mandato más general sobre lo que el grupo va a plantear sobre las
medidas en los casos de desaparecidos”, subrayó la jurista.
Señaló que para continuar con la búsqueda de los desaparecidos y
“para una mejor comprensión del contexto de las desapariciones”, el
GIEI solicitó a la PGR “un mapa de fosas actualizado y casos
relacionados con ellas, de forma que dicha información contribuya a
encontrar indicios que puedan ayudar a realizar nuevas búsquedas de los
43 normalistas”.
Otras de las solicitudes que hicieron los expertos para continuar
con su análisis y emitir recomendaciones finales es el aprovechamiento
de la tecnología satelital para obtener mayores evidencias a través del
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a
la Delincuencia (Cenapi), y utilizar tecnología láser para “identificar
perturbaciones de terreno de los alrededores de Pueblo Viejo, La Parota
y otros lugares”.
También sugirieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “atender a
las víctimas y su visión sobre sus prioridades, además de dar los pasos
necesarios para generarles confianza” y evitar la revictimización.
Consideraron como prioritaria la demanda de atención neurológica de
Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra en estado de coma como
consecuencia de las heridas de bala que le causó la policía municipal
de Iguala, así como la atención médica para padres de familia que desde
hace seis meses se han concentrado en la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa.
Los integrantes del GIEI recomendaron a los legisladores e
instituciones implicadas en el diseño de una ley contra la desaparición
forzada que el producto final establezca “los criterios para una
política integral y coordinar las acciones necesarias, incluyendo los
mecanismos de búsqueda urgente, la declaración de ausencia por
desaparición que dé respuesta a las necesidades psicosociales y
sociolaborales de los familiares, así como las necesidades educativas
de la población infantil y juvenil, el manejo de las experiencias
forenses y los mecanismos de alerta temprana y prevención de forma
integral”.
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