En informe, Comité de DH emite cúmulo de recomendaciones
La
Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un demoledor informe sobre
la situación de las mujeres en España, a través del Grupo de Trabajo
sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la
Legislación y en la Práctica, instando al Estado a que cumpla sus
compromisos internacionales en materia de igualdad de género ante los
alarmantes retrocesos de los últimos años.
Más de 250 organizaciones feministas, de Derechos Humanos (DH) y
cooperación al desarrollo, integradas en la Plataforma CEDAW
Sombra-España, llevan dos años y medio denunciando ante diferentes
organismos internacionales (Comité de la CEDAW, Parlamento Europeo,
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité de la CSW) el
retroceso de la equidad de género en España en los recientes cinco
años, tal y como confirma el informe publicado el pasado 17 de junio
por el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra
la Mujer en la Legislación y en la Práctica, del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.
El próximo 8 de julio, el Comité de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus
siglas en inglés) examinará a España en Ginebra, Suiza, mientras
compañeras de la Plataforma CEDAW Sombra denunciarán ante el Comité los
recortes y retrocesos en los DH de las mujeres.
Tras la visita encabezada por el Grupo, compuesto por la
presidenta-relatora, Frances Raday, y Eleonora Zielinska, y después de
entrevistarse con integrantes de la sociedad civil, así como
representantes de las distintas administraciones públicas y del Estado
español, el informe viene a subrayar de forma tajante el alarmante
retroceso en los DH de las mujeres en la nación ibérica en los años
recientes.
Tal y como la Plataforma CEDWAW Sombra-España ha denunciado ante el
Comité de la CEDAW, el Grupo de Trabajo llama la atención al Estado
español describiendo un ensombrecido panorama en el marco de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las
mujeres.
De manera específica, el Grupo refiere todas las áreas que de forma
directa e indirecta consolidan la discriminación de género en España:
violencia, igualdad, salud, empleo, derechos sexuales y reproductivos,
reparaciones a las mujeres víctimas del franquismo, centros de
internamiento, trabajadoras del hogar, participación política,
protección social, políticas de austeridad, reforma laboral, migración,
discapacidad, educación, estereotipos, medios de comunicación, y acceso
a la justicia.
En términos generales, el Grupo de Trabajo, destacando su preocupación
por los retrocesos y la falta de medidas encaminadas a la lucha contra
la discriminación por motivos de género, recomendó al Estado español
que cumpla los convenios internacionales firmados y ratificados en el
marco de la igualdad de género y la no discriminación.
Entre el cúmulo de recomendaciones se encuentran: eliminar las barreras
para la participación de la mano de obra femenina; incrementar la
participación de las mujeres en la iniciativa empresarial y toma de
decisiones económicas; y la ratificación del Convenio 189 de la OIT
sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos para la protección de
los derechos de las personas empleadas en el hogar.
En materia de educación, cultura y estereotipos, el Grupo de Trabajo
solicitó la revisión de los libros de texto y planes de estudio, para
la eliminación de los estereotipos de género; y el diseño, en
colaboración con la comunidad gitana, de mejores políticas de
integración para la educación de las niñas.
Respecto a la violencia de género, el Estado español debe garantizar
que no se otorguen derechos de visita sin supervisión a los padres
cuando puedan suponer un riesgo para los derechos, el bienestar y la
seguridad de la víctima o de sus hijas e hijos; y realizar programas de
formación en violencia de género para todo el personal de todas las
instituciones, incluido el Poder Judicial.
En cuanto a salud y seguridad, el Grupo de Trabajo recomendó la
eliminación de los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a
servicios seguros y legales de interrupción del embarazo; así como la
redacción de una norma adecuada sobre la tutela pública para que las
menores de 16 años puedan practicar un aborto sin el consentimiento de
sus padres y madres.
Hizo especial énfasis en la suspensión de todos los intentos de restringir el actual acceso seguro y legal al aborto.
El análisis del Grupo de Trabajo, en relación con la situación de la
igualdad de género en España, así como las conclusiones y
recomendaciones que aportan, constatan el desmantelamiento de las
políticas de igualdad de género en el país ibérico, tal y como la
Plataforma CEDAW Sombra-España denuncia en su Informe Sombra ante el
Comité de la CEDAW, y sobre el cual éste tendrá que pronunciarse en los
próximos meses.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.-
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