Por: Cecilia Balderas /
15 enero, 2016
(15 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- A pesar que desde
la pasada legislatura el Congreso de la Unión aprobó reformas
constitucionales para poder generar ordenamientos en materia de
desaparición forzada y que a inicio de septiembre varios coordinadores
parlamentarios se comprometieron a impulsar el tema y dictaminarlo en el
primer periodo ordinario de sesiones, el análisis de la Ley General de Desapariciones Forzadas parece haber quedado en el olvido.
La primera semana de septiembre, el presidente de la Mesa Directiva
de San Lázaro, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, declaró tras una
reunión con familiares de víctimas, que se había comprometido a aprobar
la iniciativa que junto con organizaciones sociales, los familiares
habían estructurado y posteriormente, entregado a la Cámara de
Diputados.
En esa ocasión, el expresidente del sol azteca afirmó que se
constituirían grupos de trabajo para mantener el diálogo con
organizaciones, académicos y especialistas interesados en el tema;
además, reconoció que tras las modificaciones al artículo 73
constitucional, el Congreso disponía de un plazo fatal para aprobar la
ley secundaria.
Por separado, el coordinador de los diputados del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, afirmó que
para su bancada, el análisis de dicha ley sería prioritario y agregó que
actuarían con “absoluta sensibilidad” para escuchar los planteamientos
de todos los actores involucrados.
A pesar de la “buena disposición”, cuatro meses después, la ley sigue
en la congeladora parlamentaria hasta que la mayoría considere que es
un buen momento retomarla.
Exigencias de la ciudadanía
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y
organizaciones civiles han exigido al gobierno federal y al Poder
Legislativo, en primer lugar, reconocer la dimensión del problema –mismo
que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
ha calificado como “sistemático”- pues aunque la Secretaría de
Gobernación (Segob) reconoce más de 25 mil víctimas, hay una enorme
cifra negra de personas que no han interpuesto la denuncia
correspondiente por carecer de confianza en las instituciones.
También exigieron que se garantice su participación en la discusión
de la nueva ley, así como la inclusión de mecanismos de rendición de
cuentas para las instituciones y servidores públicos encargados de su
implementación; además de que una vez que sea publicada, sea obligatoria
para las instituciones de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo a las propuestas de la organización civil, las
disposiciones de esta ley deberán formularse con perspectiva de género,
con visión de derechos, ser aplicadas a todas las desapariciones; es
decir, a las ocurridas en el pasado, las que puedan generarse en el
presente y las futuras y, en el caso de la desaparición de migrantes, se
exige que haya un enfoque transnacional y diferenciado por grupos en
situación vulnerable.
Pugnan además por la armonización de todos los ordenamientos
jurídicos –en un lenguaje sencillo y accesible para toda la población-
para que su aplicación se realice de manera eficiente, lo que incluye la
necesidad de que se capacite y sensibilice a todos los funcionarios
responsables de su aplicación.
Como última exigencia, las organizaciones solicitaron en su propuesta
de ley, que se garanticen las condiciones para la búsqueda inmediata de
las personas desaparecidas, misma que debe contar con instrumentos
científicos, ser transparente y expedita.
Llamado internacional
A finales de agosto del año pasado, la ONU –a través de la Oficina de
las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México- pidió al
gobierno de Peña Nieto tomar en cuenta las propuestas realizadas por los
familiares de las víctimas, tras considerar que son importantes
lecciones cargadas de sufrimiento, pero también de sabiduría.
El organismo añadió que la participación de los familiares será indispensable para dotar a la ley de legitimidad.
En tanto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que
llegó a nuestro país para coadyuvar en la investigación sobre la
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de
Ayotzinapa, en Guerrero incluyó –en el informe que presentó sobre el
caso- varias recomendaciones al Estado mexicano para atender las
desapariciones forzadas.
Entre ellas destaca la necesidad de generar una ley integral, un
registro único nacional de desaparecidos (así como revisar el que ya
existe), establecer el procedimiento de búsqueda en las primeras 72
horas y permitir la participación de familiares en él; fortalecer la
base de datos genética de la Procuraduría General de la República (PGR),
crear una comisión de búsqueda y un programa nacional de exhumaciones.
Además, solicitó implementar un mejor resguardo de los lugares del
hallazgo de cadáveres y restos óseos, contar con un sistema de
identificación dactilar, permitir el acceso de los familiares de las
víctimas a los expedientes, investigar de oficio y sin mayores
dilaciones los casos de desaparición, aplicar el Protocolo de Minnesota
para ampliar la investigación en caso de que se registren ejecuciones
extrajudiciales, rechazar pruebas obtenidas por medio de la tortura,
reglamentar la exhumación y entrega de restos, capacitación para agentes
en materia de derechos humanos, reconocer la figura de ausencia y crear
un organismo pericial autónomo
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