José Antonio Crespo
El Pacto por México se vio amenazado por las elecciones de este año. Lo que recuerda que los procesos electorales, aun unos no tan importantes como los del 7 de julio, se convierten automáticamente en obstáculo y eventual zancadilla de procesos de negociación y acuerdos legislativos. Incluso la primera gran amenaza al Pacto se dio al conocerse los movimientos a trasmano del uso electoral de los programas sociales en Veracruz (como seguramente ocurría en otras entidades, pero no en todas ellas hay un Miguel Ángel Yunes ocupado en espiar a sus rivales políticos).
El adéndum al Pacto no parece haberse cumplido, o al menos no desde la perspectiva de los partidos opositores PAN y PRD, cuyos líderes se encargaron de denunciar diversas irregularidades como compra de votos, desvíos de fondos públicos, amenazas, atentados y violencia (política). Con lo cual descalificaron de antemano los comicios. Una de dos:
1) en efecto ocurrió todo lo que se dijo y por las razones aducidas, en cuyo caso los dirigentes de PAN y PRD estarían en un aprieto discursivo para simplemente retornar a la mesa del Pacto, pese a los resultados no tan malos (para el PAN, pero sí para el PRD). Y es que en sus propias palabras, la promesa del PRI y del gobierno no se habría cumplido en lo más mínimo, y entonces no estaría tan claro la continuidad de las negociaciones con esos actores.
2) El ruido respondía a exageraciones para curarse en salud, en caso de que los resultados hubieran sido más negativos para esos partidos (por ejemplo, ante una derrota en Baja California). En todo caso, queda en el aire si Enrique Peña Nieto hizo la vista gorda en las trapacerías hechas por los gobernadores de su partido o si éstos simplemente hacen lo que quieren con o sin la venia presidencial. Es más probable lo segundo que lo primero, pero no deja de ser un problema (al contrario).
Pese a todo, al parecer el Pacto presenta condiciones para continuar mal que bien algún tiempo más. Pero sigue habiendo algunos escollos para su productividad:
a) Se adelantó en el calendario lo relativo a la reforma política electoral, donde se muestra una fuerte división entre las bancadas del PAN y PRD en el senado y sus respectivas dirigencias partidistas. Además, es probable que la oposición exija algunos cambios de fondo, como los son la reelección inmediata de legisladores y la segunda vuelta, que le resultan al PRI más bien indigeribles. En caso de no prosperar tales figuras, ¿se pondrá en riesgo la negociación en materia energética y fiscal? Quizá. ¿Aceptaría el PRI al menos uno de esos cambios, por ejemplo la reelección, para dar viabilidad a las reformas pendientes? Probablemente.
b) En materia energética se inició ya el debate, y las cosas no se ven tan claras. Aunque el PAN anima a Enrique Peña Nieto a irse por la reforma constitucional, es claro que la izquierda (ni siquiera la más moderada y negociadora) se irá por ahí. El PRD ha respaldado la iniciativa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que acepta cierta apertura y cambios importantes en Pemex, pero sin reforma constitucional. Se puede o no estar de acuerdo con este planteamiento, pero al menos hay propuesta alterna que se puede discutir en términos de racionalidad económica y administrativa, y no a partir de tabúes, mitos y dogmatismo. La pregunta central del debate, me parece, es si Pemex cuenta con los recursos suficientes para modernizar la industria ante los retos actuales a nivel global o requiere de otras empresas para ello. Algo que se puede discutir con argumentos racionales e información. El obradorismo, por su parte, rechaza todo cambio; que las cosas se queden como están hasta nuevo aviso (como ha ocurrido en las últimas décadas). Eso plantea un dilema a Peña Nieto; ¿se sacrificará la profundidad de la reforma para obtener el mayor consenso posible, con la izquierda institucional a bordo, dando a esta reforma una base amplia de legitimidad?
c) Finalmente está la incógnita de la amplitud e intensidad que podría tener la movilización convocada por López Obrador (y por el resto de la izquierda, en caso de pretender una reforma constitucional). Se ha visto ya cómo en otros países algún tema concreto se constituye como detonador de movilizaciones que después salen del control gubernamental. ¿Existe ese riesgo en México? ¿Lo enfrentará Peña o preferirá irse por una reforma mediana, sin cambio constitucional, para impedir esa eventualidad? Habrá que verlo.
cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
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