CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de
México. La noche del pasado martes 7 de abril, un grupo de policías
municipales de Guelatao de Juárez, en Oaxaca, llegaron a la casa de la
defensora de Derechos Humanos, Miriam Pascual Jiménez, con el pretexto de
retirarle los libros que formaron parte del Programa comunitario de fomento a
la lectura “Lecturas encantadas”.
Los policías se negaron a firmar de recibido el acervo, por
lo que la defensora no entregó los libros. El fundador del colectivo “Bene
Leahj”, Luis Morales, quien se encontraba en el lugar, llamó por teléfono al
presidente municipal, Federico Hernández Ramírez, para preguntarle sobre la
situación. El funcionario mencionó que lo sucedido era porque Miriam “estaba
realizando comentarios y sugerencias que no van”.
Esto, afirmaron organizaciones civiles, fue en referencia a
las críticas que ha realizado la también comunicadora sobre el manejo de la
pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en el municipio se realizó un acto
multitudinario el 21 de marzo (un día después del inicio de Fase 2), a pesar del
llamado del gobierno federal a evitar la conglomeración de personas. En la
localizad se comenzaron a tomar medidas para evitar la propagación de la
pandemia hasta el 5 de abril.
En este escenario, afirmaron en una carta pública
organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF), los señalamientos de Miriam Pascual molestaron a las autoridades
municipales por considerar que se le estaba contradiciendo.
La defensora es directora general de la organización Yureni
A.C. y cofundadora, junto con Luis Morales de colectivo “Bene Leahj”, espacios
desde donde han impulsado, durante los últimos dos años, diversos materiales
radiofónicos mediante el ejercicio del derecho a la comunicación indígena, así
como acompañamiento en materia de Derechos Humanos a diversas comunidades.
El OCNF resaltó que este incidente se dio en un contexto de
persecución a personas defensoras y comunicadores indígenas en México. Además
destacó que, a pesar de diversas comunicaciones internas por parte de instituciones
gubernamentales, así como organismos nacionales e internacionales de Derechos
Humanos, aún no hay respuesta del presidente municipal.
En el tema de comunicación, Pascual Jiménez ha difundido
información relevante para la región en materia de derechos de las mujeres y
con el proyecto de comunicación comunitaria Enfoque “Bene Leahj”. Desde 2019 es
voluntaria en la producción de cápsulas de radio y programas de radio
especializados sobre Derechos Humanos de los pueblos originarios, defensa del
territorio, medio ambiente, y justicia socio ambiental.
En esta situación, el OCNF, Yureni y “Bene Leahj” enviaron
una carta a las autoridades estatales y municipales para pedir que se otorguen
medidas cautelares para garantizar la integridad física, psicológica y jurídica
de la defensora.
Las organizaciones también pidieron que el presidente
municipal ofrezca una disculpa formal por estos hechos, como medida de garantía
del libre ejercicio del derecho a la comunicación comunitaria indígena, y el
derecho a la información de los pueblos originarios ante la pandemia COVID-19,
y los problemas que le atañen.
Otras agrupaciones como Comunicación e Información de la
Mujer (CIMAC) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México,
también se sumaron a la exigencia de parar la criminalización de la defensa de
los Derechos Humanos, la comunicación indígena y la libertad de expresión.
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